Abinader participa en audiencia solemne por aniversario de la Constitución

San Cristóbal. – El presidente Luis Abinader asistió este jueves a la audiencia solemne por el 181 aniversario de la proclamación de la Constitución dominicana, presidida por el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón Estévez Lavandier.

En la audiencia solemne, los jueces del Pleno reflexionaron sobre los deberes fundamentales de los ciudadanos establecidos en la carta magna y la importancia de cumplir con estos para el fortalecimiento del país y la convivencia en armonía.

En su discurso, el presidente del Tribunal Constitucional destacó la presencia del presidente Abinader, de quien resaltó que “no ha faltado a ninguna de las audiencias solemnes celebradas».

El magistrado Estévez Lavandier destacó que no puede haber plenitud ciudadana pretendiendo ejercer libertades sin asumir responsabilidades, pues «los deberes constituyen el rostro complementario de los derechos. Una República no puede aspirar a fortalecerse si forma ciudadanos que reclaman derechos, pero desconocen los deberes que garantizan la convivencia, la justicia y el bien común».

El presidente de esta alta corte sostuvo que el constitucionalismo contemporáneo reconoce que los deberes fundamentales no son simples exhortaciones morales, sino mandatos jurídicos vinculantes para todos los ciudadanos y reconoció que, «no estamos exentos del cumplimiento de los deberes que la propia Constitución impone a toda persona; por el contrario, al hablar públicamente de ellos, ratificamos nuestra convicción de que su difusión es esencial para promover su cumplimiento y fortalecer la cultura cívica y constitucional».

Asimismo, afirmó que conmemorar el aniversario de la proclamación de la Constitución, va más allá de recordar un suceso histórico importante, que es rendir tributo a un acto de fe en la libertad y la dignidad del ser humano y añadió que honrar esa herencia implica asumir el compromiso de ser ciudadanos responsables, guardianes del orden constitucional y promotores del civismo que sostiene la República Dominicana.

En ese sentido, el magistrado Estévez Lavandier reafirmó el compromiso del Tribunal Constitucional de garantizar la supremacía constitucional, proteger los derechos fundamentales y velar por el cumplimiento de los deberes de todos los ciudadanos, que aseguran la unidad y la estabilidad de la nación.

La ciudadanía no solo se construye con exigencia de derechos, sino también del cumplimiento de obligaciones constitucionales

A seguidas, el magistrado Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente, se refirió al deber constitucional de velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública (art. 75.12) y manifestó que la ciudadanía no solo se construye con la exigencia de los derechos, sino también del cumplimiento de las obligaciones constitucionales.

Asimismo, la magistrada Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta del presidente, resaltó la responsabilidad ciudadana que establece el artículo 75.4 de la Constitución sobre prestar servicios para el desarrollo, que, como dijo, tiene el propósito de sembrar el valor del compromiso social, de la cooperación y del trabajo solidario como columnas de la dominicanidad.

A continuación, el magistrado Domingo Gil afirmó que el deber de actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan en peligro la vida o la salud de las personas (art. 75.10) requiere una participación activa de los ciudadanos y «nos conmina a ayudar a crecer sobre la base del más estricto respeto a la dignidad de ese prójimo».

El magistrado Fidias F. Aristy Payano dijo que, es preciso entender que la recaudación de los recursos es ineludible para el buen funcionamiento de la administración pública y permite la promoción del desarrollo y el bienestar común y en sentido, destacó que el Gobierno central ha venido actuando con transparencia y dando prioridad a obras de especial necesidad social, en cumplimiento del mandato constitucional de administrar con eficacia los recursos públicos.

Señaló que la transparencia en el uso de los fondos estatales ha sido uno de los anhelos históricos del pueblo dominicano, al tiempo que exhortó a las autoridades a continuar gestionando los recursos “en forma diáfana, tan diáfana y tan nítida como la luz que ilumina la esperanza de los pobres”.

Sobre la obligación constitucional de abstenerse de realizar todo acto perjudicial a la estabilidad, independencia o soberanía de la República Dominicana (art. 75.5), habló el magistrado José Alejandro Vargas Guerrero, quien aseguró que este enunciado procura que el ciudadano tome conciencia del papel que desempeña en la preservación de la imagen, la defensa de la nación y la soberanía de la patria.

De su lado, la magistrada Sonia Díaz Inoa destacó la importancia del mandato constitucional de votar (art. 75.2), pues el sistema democrático descansa en el ejercicio del sufragio y es el único instrumento mediante el cual se asegura jurídica e institucionalmente que emana la voluntad popular.

La magistrada Alba Luisa Beard Marcos se pronunció sobre el deber de cooperar con el Estado en cuanto a la asistencia y seguridad social (art. 75.9) afirmando que cumplir con esta responsabilidad es de vital importancia para el desarrollo humano, y que, además de fortalecer la nación y el Estado de derecho, constituye un acto de amor y de solidaridad para construir un país más justo, humano y unido.

En cuanto al deber de desarrollar y difundir la cultura dominicana y proteger los recursos naturales del país, garantizando la conservación de un ambiente limpio y sano (art. 75.11), el magistrado José Alejandro Ayuso resaltó la relevancia de cumplir con este mandato constitucional, pues «sin un ambiente sano, la cultura se marchita; y sin cultura, la naturaleza pierde su alma».

La magistrada María del Carmen Santana de Cabrera expuso sobre el deber fundamental de los dominicanos a educarse, consagrado en el numeral 8 del artículo 75, resaltando que la educación es un compromiso de todos, pues es un pilar fundamental para la sociedad y a través de ella se construye una nación de valores y de ciudadanos comprometidos.

El magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega hizo énfasis en el deber de acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades (art. 75.1), indicando que, aunque esta obligación atañe a todos los ciudadanos, tiene una carga especialmente significativa para los que ejercen la función pública.

Sobre el deber de dedicarse a un trabajo digno, de su elección, a fin de proveer el sustento propio y el de su familia para alcanzar el perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la sociedad (art. 75.7), la magistrada Army Ferreira expuso que trabajar es participar activamente en la creación del bien común y contribuir al ideal de una sociedad más justa, solidaria y próspera.

Finalmente, el magistrado Amaury A. Reyes Torres recalcó la importancia de prestar los servicios civiles y militares que la patria requiera para su defensa y conservación (art. 75.3) y afirmó que este deber no es vacío y solitario, sino que sirve para preservar el país y el Estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley y la justicia.

En la audiencia estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; los presidentes del Senado, Ricardo De Los Santos; de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Superior Electoral, Ygnacio Camacho; el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; los ministros de Educación, Luis Miguel De Camps; de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín; el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta; la gobernadora de San Cristóbal, Pura Casilla; el senador, Gustavo Lara; el alcalde, Nelson De La Rosa; la ex procuradora general de la República, magistrada Mirian Germán; los directores de la Policía Nacional, mayor general Ramon Antonio Guzmán Peralta; de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón y el administrador general de EGEHID, Rafael Salazar.

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