Indexación: la justicia tributaria y la estabilidad fiscal al debate
El monto exento del ISR permanece congelado hace ocho años en la República Dominicana
El debate sobre la indexación salarial se ha intensificado en los últimos días, con economistas que advierten tanto sus beneficios sociales como los riesgos fiscales.
Las posiciones, aunque diversas, coinciden en un punto:
El monto exento del Impuesto sobre la Renta (ISR) no refleja la inflación acumulada desde 2017,
Lo que ha reducido el poder adquisitivo de los trabajadores formales.
En medio de las discusiones legislativas y técnicas, el tema enfrenta el desafío de conciliar la equidad tributaria con la estabilidad de las finanzas públicas.
El tema es abordado por Antonio Ciriaco, Jesús Geraldo Martínez, Edgar Morales, Miguel Collado Di Franco y Nelson Suárez. Antonio Ciriaco, el economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
Advirtió que el Estado dejaría de percibir unos 29 mil millones de pesos si se acoge la propuesta del senador Omar Fernández
Que busca aplicar la indexación salarial a los trabajadores que ganan menos de 52 mil pesos mensuales.
Ciriaco recordó que la indexación está contemplada en el Código Tributario desde 2017
Pero no se ha aplicado desde entonces, lo que ha afectado a los trabajadores formales.
“Actualmente, el monto exento del Impuesto sobre la Renta es de 34,685 pesos.
Si se ajustara por la inflación acumulada desde 2017, ese monto ascendería a unos 52 mil pesos. Esa diferencia de 17 mil pesos perjudica directamente a los trabajadores”, explicó el académico.
El economista consideró que, aunque el impacto recaudatorio sería significativo.
La aplicación de la ley debe hacerse de forma gradual para evitar una caída abrupta en los ingresos fiscales.
“Hay que llegar a un consenso donde se establezca un compromiso para incorporar de manera progresiva a los beneficiarios de la indexación
posteriormente, cumplir la ley en su totalidad”, apuntó.
Mientras, Jesús Geraldo Martínez, economista y consultor financiero, habló del tema con la periodista Massiel de Jesús, del periódico elDinero.
Le dijo que alrededor de 764,592 dominicanos enfrentan las consecuencias de la falta de indexación del Impuesto sobre la Renta (ISR).
Esta medida, estipulada en el artículo 327 del Código Tributario, no se aplica desde diciembre de 2016, a pesar de ser una disposición legal.
Los cálculos que realiza el economista indican que la indexación por inflación desde entonces, el sueldo mensual exento de impuestos habría alcanzado RD$51,486.41.
Lo que se traduce en una base de renta no gravable de RD$617,836.92.
A propósito de la propuesta de liberar de impuestos a los salarios inferiores a los 52 mil pesos, Edgar Morales planteó una salida gradual.
Según Morales, esta vía permitiría aliviar la carga tributaria de los trabajadores sin comprometer de forma abrupta las finanzas públicas.
Recomendó evaluar si la indexación debería seguir siendo obligatoria por ley o si convendría establecer un mecanismo flexible vinculado al aumento del salario mínimo nacional.
Recordó que hasta el año 2013 la indexación se aplicaba de manera sistemática.
Pero se interrumpió tras la reforma tributaria de 2012, que cambió el tratamiento del impuesto a las personas físicas.
Desde entonces, dijo, la actualización quedó sujeta a la disponibilidad presupuestaria, lo que generó un desfase estructural en el sistema impositivo.
Morales precisó que desde 2017, el monto exento del ISR personal permanece congelado en 34,600 pesos.
Pese a que el artículo 296 del Código Tributario dispone que debe ajustarse anualmente conforme a la inflación.
Esa falta de actualización afecta directamente a más de 300,000 empleados formales.
Aunque, si se ajustara el tramo exento, los beneficiarios podrían superar los 720,000 asalariados.“Continuar aplazando el debate solo agravará la situación.
De aquellos polvos, estos lodos”, expresó el economista, advirtiendo que la no indexación ha erosionado el ingreso real y profundizado la inequidad fiscal. A su juicio, la clave está en combinar responsabilidad fiscal con justicia tributaria dentro de un pacto político y técnico que garantice equilibrio macroeconómico.
Según dijo, esta medida no afectaría los recursos del Estado, sino que podría aumentar la recaudación a través de una mayor actividad económica.

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