Tribunal Constitucional analiza acción contra restricciones de horario para venta de alcohol en República Dominicana

Santo Domingo, R.D. – El Tribunal Constitucional (TC) conoció una acción directa de inconstitucionalidad. Esta acción busca impedir que el horario para la venta de bebidas alcohólicas sea restringido mediante decreto o resolución.

Ayer, la alta corte se reservó el fallo de la acción interpuesta contra el decreto 308-06. Este decreto prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas en colmados, discotecas, bares, casinos y centros de diversión a partir de las 12:00 de la noche de domingos a jueves, y desde las 2:00 a. m. los fines de semana.

El recurso fue depositado el 4 de septiembre de 2025 por el abogado Víctor Eddy Mateo Vásquez. Él argumenta que un decreto no tiene peso jurídico para limitar el horario de comercialización de alcohol ni restringir derechos fundamentales.

“Ha llamado la atención cómo el Ministerio de Interior y Policía utiliza un instrumento jurídico sin base legal para imponer limitaciones, como se ha visto en Semana Santa y Navidad, con la Policía clausurando establecimientos y restringiendo libertades”, explicó Mateo Vásquez.

El jurista recordó que desde la Constitución del 26 de enero de 2010, los derechos fundamentales deben ser regulados por ley, y no por decretos o resoluciones administrativas. Por tanto, consideró que este tipo de medidas debería ser aprobada por el Congreso Nacional.

El Poder Ejecutivo respalda la acción

Durante la audiencia, el abogado Arturo Figuereo, representante del Poder Ejecutivo, respaldó que la acción de inconstitucionalidad sea acogida por el Tribunal Constitucional.

Figuereo solicitó al tribunal que se valide la opinión depositada el 3 de noviembre de 2025. Además, pidió que se exhorte al Congreso Nacional a elaborar una ley integral sobre el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, considerando el orden público y la seguridad ciudadana.

Mateo Vásquez insistió en que, aunque exista el interés de mantener el orden, las restricciones impuestas mediante decreto vulneran los derechos de los ciudadanos.

El Tribunal Constitucional deberá ahora deliberar y emitir una decisión definitiva sobre la acción presentada.