Aplazan apelación contra medida de coerción que benefició agentes implicados en muerte de cinco hombres en La Barranquita

Santiago.– La jueza Yerixa Cabral, de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, aplazó para el viernes 16 de enero de 2026 la audiencia del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la medida de coerción que benefició a varios agentes policiales implicados en la muerte de cinco hombres en el sector La Barranquita.

El aplazamiento tiene como objetivo permitir que los abogados de los imputados estudien formalmente el expediente, el cual sustenta la solicitud del Ministerio Público de revocar las medidas más benignas que fueron impuestas previamente.

El órgano acusador insiste en que los siete agentes que actualmente cumplen garantías económicas, presentación periódica e impedimento de salida deben recibir medidas más severas, ya que asegura existir pruebas suficientes que los vinculan al hecho ocurrido el 10 de septiembre, un caso que provocó gran conmoción en la ciudad.

La audiencia, que inicialmente estaba pautada para el 18 de noviembre, buscaba revisar la decisión que mantiene en prisión preventiva a cuatro agentes y que otorgó medidas menos restrictivas a otros siete.

Agentes en prisión preventiva en el COO de Manoguayabo, Santo Domingo Oeste:

• José Octavio Jiménez Peña (raso)
• Sócrates Fidel Féliz Féliz (sargento mayor)
• Hairo Mateo Morillo (sargento)
• Yohandy Encarnación (cabo)

Agentes beneficiados con medidas alternativas:

• Álvaro Paredes Paniagua (mayor)
• Hansel Michel Cuevas Carrasco (mayor)
• José Ignacio Gómez Rodríguez (capitán)
• Domingo de los Santos Vargas (segundo teniente)
• Geyser Francisco Álvarez Rodríguez (teniente)
• César Augusto Martínez Trinidad (teniente)
• Adrián Miguel Villalona Pineda (raso)

Todos están siendo procesados por la muerte de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), Julio Alberto Gómez (La Tabla), Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly/Charli Chasc), Edward Bernardo Peña Rodríguez, y José Vladimir Valerio Estévez, quienes fallecieron en el estacionamiento de una plaza comercial en La Barranquita.

Aunque la Policía Nacional calificó el caso como un intercambio de disparos durante un operativo, el Ministerio Público sostiene que las evidencias apuntan a una ejecución extrajudicial, por lo que rechaza la variación de medidas a favor de una parte de los imputados.

Desde el suceso, familiares de las víctimas y residentes del sector han exigido justicia, alegando que los jóvenes fueron ultimados sin justificación.

El Ministerio Público reafirmó que continuará luchando por sanciones ejemplares, mientras el caso sigue generando amplia repercusión y mantiene a la sociedad santiaguera a la expectativa de las próximas decisiones judiciales.