Dictan medidas cautelares contra implicadas en caso Da Vinci

La jueza Yaritza Cabral impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida a tres empleadas del Colegio Da Vinci imputadas por la muerte de Stephora Joseph.

Las imputadas Francisca Tavarez, Vilma Vargas e Yris Reyes deberán pagar 500 mil pesos mediante una aseguradora, presentarse mensualmente ante el tribunal y no salir del país.

La coordinadora general del colegio, Gisela González, obtuvo libertad simple tras la audiencia realizada en el Juzgado de Atención Permanente de Santiago este martes.

La magistrada Olga Dina Llaverías informó que el Ministerio Público no comparte la decisión e iniciará los recursos legales cuando reciba la notificación oficial correspondiente.

Llaverías explicó que la garantía económica se fijó según imputaciones iniciales, aunque la investigación continúa para determinar la participación de otros actores vinculados al caso.

Los abogados de la familia de Stephora, Miguel Díaz y Shesnel Calcaño, calificaron la resolución como incompleta y denunciaron un posible encubrimiento institucional evidente.

Díaz afirmó que las imputadas no dirigieron la excursión con 87 niños y tres adultos, y que los verdaderos responsables administrativos quedaron fuera del proceso.

El abogado indicó que excursiones similares se realizaron cuatro veces sin protocolos adecuados, evidenciando una cadena de negligencias que pudo costar múltiples vidas.

Defensa denuncia encubrimiento y omisiones graves

Los representantes legales solicitaron medidas de coerción contra los directivos reales del colegio y contra los administradores de la hacienda donde ocurrió la tragedia.

La Defensa Civil certificó que el lugar visitado no tenía condiciones seguras para recibir niños o adultos, aumentando la gravedad del caso investigado.

Calcaño aseguró que el colegio opera bajo una estructura diseñada para proteger a quienes toman decisiones, dejando sin imputación a los verdaderos responsables internos.

El abogado afirmó que las cuidadoras mostraron falta de atención evidente en los videos, y que la muerte de Stephora pudo evitarse completamente con supervisión mínima.

Los abogados recordaron que el caso generó pronunciamientos oficiales del presidente, el Senado y la procuradora debido al manejo irregular inicial de la información.

La solicitud de coerción particular contra nuevos imputados fue enviada al juez coordinador.

Quien deberá fijar fecha y hora para conocer la audiencia correspondiente.

Los representantes legales afirmaron que informarán continuamente a la familia y al país sobre cada avance del proceso para garantizar transparencia total.