Nueva Ley de Compras y Contrataciones inicia aplicación con sanciones a funcionarios inhabilitados

Desde este miércoles entra en vigencia la Ley 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas, endureciendo incompatibilidades y prohibiendo participación de funcionarios como proveedores estatales.

La nueva normativa deroga criterio de la Ley 340-06, que permitía contratar con el Estado si participación accionaria era igual o inferior al diez por ciento.

A partir de ahora, cualquier nivel de participación accionaria, incluso mínima, coloca automáticamente a servidores públicos en régimen de incompatibilidad absoluta dentro contrataciones estatales dominicanas.

Carlos Pimentel informó que reglamento de aplicación será firmado por presidente, activando sistema y depuración del Registro de Proveedores del Estado para inhabilitar funcionarios.

La Ley 47-25 constituye reforma estructural tras dos décadas de vigencia de la Ley 340-06, evidenciando carencias profundas y ausencia de consecuencias efectivas.

La nueva normativa incorpora sanciones penales, administrativas y pecuniarias, estableciendo prisión de uno a dos años para funcionarios que oculten participación empresarial fraudulentamente.

DGCP aclaró que procesos iniciados bajo Ley 340-06 continuarán, mientras nuevos expedientes cargados en sistema electrónico deberán regirse exclusivamente por Ley 47-25.

La legislación mantiene licitaciones nacionales e internacionales, elimina licitación restringida e introduce licitación abreviada para bienes y servicios comunes, reduciendo plazos de adjudicación.

La cuota de compras para mipymes se eleva del veinte al treinta por ciento, mientras mipymes lideradas por mujeres aumentan del cinco al diez.

La ley endurece consecuencias frente a colusión y ofertas temerarias, imponiendo inhabilitaciones de hasta diez años según gravedad de prácticas anticompetitivas detectadas.

Uno de los cambios más relevantes es inclusión de gobiernos locales y organismos autónomos dentro ámbito de aplicación, obligados a cumplir normativa vigente.

Implementación se apoyará en emisión de cinco reglamentos específicos, actualización del registro de proveedores, adecuación del sistema electrónico y programa nacional de capacitación.