Abogados de Donald Guerrero sostienen que no existen condiciones materiales para acusarlo de delito

La defensa de Donald Guerrero afirmó que pagos por expropiaciones respondieron exclusivamente al cumplimiento de obligaciones legales del Estado dominicano, derivadas de sentencias judiciales definitivas.

Eduardo Núñez explicó que muchos pagos correspondieron a expropiaciones de décadas pasadas, cuando el Estado ocupó terrenos destinados a carreteras, aeropuertos, parques y obras públicas.

La Constitución prohíbe que el Estado ocupe propiedades privadas sin compensación justa, por lo que regularización de deudas fue obligación jurídica, no decisión discrecional.

Más del 40 % de pagos fueron ordenados por tribunales, incluyendo Suprema Corte de Justicia, mientras resto se basó en tasaciones técnicas de Catastro Nacional.

Núñez precisó que Hacienda no fijó precios ni seleccionó beneficiarios, limitándose a ejecutar pagos determinados por decretos, avalúos oficiales o sentencias definitivas.

La defensa concluyó que es materialmente imposible que Donald Guerrero cometiera delitos, pues no hubo daño patrimonial, decisión discrecional ni beneficio personal comprobado.

No existe evidencia financiera, documental ni administrativa que vincule al exministro con enriquecimiento ilícito, colusión institucional o manejo indebido de recursos públicos.

Expropiaciones no generaron perjuicio económico al Estado, permitiendo ahorros superiores a RD$10,000 millones mediante indemnizaciones acordadas por debajo del valor de mercado.

El Estado pagó lo que legalmente debía y recibió terrenos ocupados para fines públicos, según defensa de Donald Guerrero Ortiz.

Núñez informó que defensa expondrá fundamentos jurídicos, técnicos y constitucionales ante tribunal, desmontando imputaciones del caso iniciado en noviembre de 2020.

Cuestionar estos pagos implicaría aceptar que Estado ocupe terrenos sin pagar, beneficiándose indebidamente con tierras y dinero, tesis jurídicamente insostenible y contraria a Constitución.