martes, abril 7

Denuncia de Invasión en Montecristi

Una nueva denuncia de invasión de tierra pone bajo cuestionamiento el manejo de los asentamientos agrarios en la zona fronteriza del país actualmente hoy.

La campesina Celeste Domínguez asegura víctima de ocupaciones ilegales en terrenos que le adjudicados por el Estado dominicano hace ya algún tiempo.

El caso registrado en la comunidad del Kilómetro trece de Montecristi adquiere mayor gravedad por el señalamiento directo realizado contra varios funcionarios públicos locales.

La denunciante afirma que los ocupantes irregulares contarían con el respaldo de Erodys Díaz vinculado a la Dirección General de Desarrollo Fronterizo en esta región.

Ocupantes ilegales del kilometro 13 de Montecristi desafían al Estado y aseguran que ni el presidente Abinader podrá desalojarlos

Supuesta Complicidad de Funcionarios

Domínguez acusa al abogado Eddy Rojas de proteger y facilitar la permanencia de los invasores quienes habrían tomado control de sus tierras de producción.

Según su testimonio parte de los ocupantes familiares del propio abogado Rojas quienes tomaron una porción significativa de las parcelas agrícolas destinadas originalmente.

Esta situación ha dejado a la beneficiaria en condiciones de vulnerabilidad y sin garantías efectivas de protección por parte de las instituciones del Estado.

Los presuntos invasores desalojados en ocasiones anteriores pero regresan sistemáticamente rompiendo candados e irrumpiendo en la propiedad privada de forma muy violenta.

Tensión e Impunidad en la Zona

Uno de los ocupantes habría afirmado que ni el propio Presidente lo saca de esas tierras reflejando la percepción de impunidad en el caso.

El conflicto plantea serios interrogantes sobre el rol de las instituciones responsables de garantizar la seguridad jurídica de los terrenos adjudicados por el IAD.

Celeste Domínguez hizo un llamado directo al presidente Luis Abinader para que ordene una investigación exhaustiva e independiente sobre este proceso de despojo ilegal.

La misión de los organismos fronterizos debería centrarse en fortalecer las condiciones del campesinado y no en permitir el debilitamiento de la propiedad agraria.

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