Declaraciones sobre Tragedia de Jet Set
La procuradora Yeni Berenice Reynoso advirtió que el sistema de justicia no puede permitir retrasos innecesarios frente al profundo dolor de las víctimas afectadas.
El Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de los afectados en la tragedia ocurrida el pasado ocho de abril de dos mil veinticinco.
La magistrada recordó que el caso involucra a cuatrocientas víctimas entre fallecidos y heridos quienes merecen una respuesta judicial en un plazo totalmente razonable hoy.
Según los informes técnicos presentados el colapso de la discoteca dejó doscientas treinta y seis personas fallecidas debido a graves fallas estructurales por sobrecarga.
Rechazo a Tácticas de la Defensa
Reynoso calificó como innecesario y absurdo el pedido de contraperitaje solicitado por la defensa de los acusados Antonio Espaillat López y su hermana Maribel.
La teoría de un supuesto explosivo carece de sustento frente a un expediente que demuestra fatiga mecánica deliberadamente ignorada por los responsables del establecimiento nocturno.
Someter el proceso a estudios de suelos sin indicios fácticos solo busca postergar injustificadamente la decisión sobre un evento que era previsible y evitable siempre.
La magistrada criticó la incoherencia de los imputados quienes expresan respeto en comunicados pero realizan acciones legales para entorpecer el fondo del proceso judicial.
Derechos de las Víctimas y Justicia
La procuradora aclaró que el debido proceso no es una prerrogativa exclusiva de los imputados sino un derecho fundamental que asiste a todas las partes.
El órgano persecutor busca evitar que el derecho de defensa sea utilizado para vulnerar el acceso a la verdad de las familias dominicanas afectadas hoy.
Reynoso garantizó contar con un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los involucrados mediante pruebas científicas y testimonios recolectados durante un año entero.
El Ministerio Público se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desvirtuar los hechos reales para asegurar que se dicte la sentencia que la sociedad espera.