El Ministerio Público solicitó siete años de prisión contra Elizabeth Silverio acusada de usurpar funciones de salud a través de su centro de terapias especializado.
Asimismo el órgano acusador solicitó una multa de cincuenta salarios mínimos y el decomiso de las pruebas ocupadas durante el proceso de investigación del caso.
La fiscalía pidió variar la medida de coerción al considerar que existe un alto peligro de fuga tras la gravedad del daño causado a familias.
Las magistradas sostuvieron que la procesada desarrolló un esquema de estafa en perjuicio de padres de niños con autismo haciéndose pasar por una doctora experta.
La investigación permitió verificar que la imputada no posee registros académicos válidos ni habilitación legal para ejercer profesiones vinculadas a la salud en el país.
Silverio utilizó documentos falsificados incluyendo títulos universitarios y un número de exequátur inexistente para generar confianza y captar pacientes en su centro de terapias.
Los padres afectados evidenciaron que la encartada realizaba evaluaciones y aplicaba terapias sin aval profesional provocando serios retrasos en el desarrollo de los niños menores.
El centro operado por la acusada funcionaba sin las habilitaciones requeridas y fue clausurado por Salud Pública tras comprobarse las irregularidades en su funcionamiento técnico.
Informes financieros incorporados al proceso confirmaron que la actividad desarrollada por Silverio tenía fines lucrativos para obtener beneficios económicos significativos de las familias afectadas.
El Ministerio Público destacó que estas maniobras constituyen un hecho gravísimo al tratarse de víctimas vulnerables que requieren cuidados especializados para su salud y bienestar.
La conducta de la acusada viola artículos del Código Penal y la Ley General de Salud sobre el Sistema de Protección de Niños Niñas Adolescentes.
La jueza cerró los debates y fijó el fallo de la decisión para el próximo martes catorce de abril a las dos de la tarde.