El Consejo de Defensa Técnica del mayor general Adán Cáceres Silvestre hizo público un manifiesto exponiendo diez aspectos que debilitan la acusación del caso.
El documento advierte sobre los riesgos que estas prácticas representarían para el debido proceso la seguridad jurídica y las libertades individuales en el país.
La defensa sostiene que el Ministerio Público presentó acusaciones imprecisas sin individualizar hechos concretos como exige actualmente el derecho penal de la nación.
Aseguran que las personas utilizadas para sustentar el supuesto esquema de nóminas no figuran en registros oficiales sino en listados aportados por la acusación.
La defensa indica que nunca se demostró mediante transferencias bancarias que esas personas recibieran dinero del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial durante el periodo.
Varios declarantes no pudieron identificar el origen del dinero ni vincularlo a la institución con testimonios calificados como totalmente ambiguos o simplemente muy especulativos.
Sostienen que la auditoría oficial ignoró controles logísticos documentados que registraban la entrada y salida de bienes dentro de los almacenes del estado dominicano.
Plantean que diversos bienes señalados como ocultos estaban declarados en documentos presentados incluso por el propio Ministerio Público durante las etapas del proceso.
Señalan que los documentos técnicos no respaldan la supuesta relación entre el general Cáceres la empresa mencionada y la plaza comercial denominada Plaza Randa.
Argumentan que se intentó criminalizar operaciones financieras ordinarias sin demostrar fehacientemente el origen ilícito de los fondos manejados por el oficial de seguridad.
La defensa solicitó excluir múltiples pruebas por falta de conexión objetividad e independencia incluidos peritajes cuestionados por su dudoso origen institucional dentro del caso.
El manifiesto concluye advirtiendo que si una persecución penal se sustenta en cargos imprecisos se pone en grave riesgo la sagrada presunción de inocencia.