El expresidente Leonel Fernández cuestionó este miércoles el acuerdo mediante el cual República Dominicana aceptará recibir migrantes deportados desde Estados Unidos que no son de nacionalidad dominicana. El líder de la Fuerza del Pueblo advirtió que el mecanismo carece de base jurídica vinculante y podría vulnerar la soberanía nacional.
Fernández exige claridad sobre el alcance del acuerdo
El exmandatario afirmó que el memorando de entendimiento firmado entre ambos países no obliga legalmente a la República Dominicana, ya que no existe un instrumento jurídico que someta al país a decisiones emitidas por tribunales estadounidenses. Según Fernández, si el acuerdo no es vinculante, el país no está obligado a recibir deportados de terceros países, lo que abre un debate sobre su legitimidad.
“No estamos obligados a cumplir decisiones que no nos atañen”
Fernández sostuvo que una sentencia extranjera es una expresión de soberanía del país que la emite, por lo que República Dominicana no tiene por qué acatarla si no existe un compromiso legal previo. También cuestionó la necesidad de que el país actúe como “intermediario” en procesos de deportación que, a su juicio, Estados Unidos puede ejecutar directamente hacia las naciones de origen.
El acuerdo: vigencia, alcance y puntos críticos
El Gobierno dominicano informó que el convenio tendrá una duración inicial de un año y contempla recibir alrededor de 30 deportados mensualmente, quienes permanecerán en territorio dominicano entre siete y quince días mientras se coordinan sus retornos. Estados Unidos asumirá todos los costos operativos, y el proceso contará con apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Exclusiones y dudas pendientes
- No incluye ciudadanos haitianos.
- No aplica a menores no acompañados.
- Aún no se define el lugar donde serán alojados los deportados.
- El mecanismo forma parte de la iniciativa “Escudo de las Américas”.
Reacciones y debate nacional
El acuerdo ha generado posiciones divididas entre sectores políticos, jurídicos y sociales. Mientras el Gobierno defiende que el mecanismo facilita procesos migratorios regionales, Fernández y otros actores consideran que abre riesgos para la soberanía y la seguridad nacional.
Inquietudes sobre soberanía y transparencia
Fernández insistió en que el Gobierno debe explicar con claridad:
- Qué beneficios concretos obtiene el país.
- Por qué se aceptó un rol de receptor temporal.
- Qué implicaciones tiene el uso de infraestructura local, como aeropuertos.
Contexto geopolítico
El expresidente ofreció estas declaraciones tras participar en actividades académicas sobre geopolítica e inteligencia artificial, donde también analizó el impacto de los conflictos internacionales en la región, incluyendo Ucrania y Medio Oriente.