La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso este lunes tres meses de prisión preventiva a la artista urbana Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida como “Masha”, acusada de porte y tenencia ilegal de armas de fuego. La medida también alcanza a los otros dos implicados en el caso.
La jueza Karen Casado Minyety ordenó que Masha cumpla la coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, mientras que los demás imputados fueron enviados a recintos correspondientes según su género.
Detalles del caso
Según el expediente, los tres jóvenes fueron detenidos mientras se desplazaban en una yipeta Honda CR-V blanca, donde las autoridades ocuparon dos pistolas calibre 9 mm sin documentación legal. Una de las armas tenía cargador y cuatro cápsulas, mientras que la otra carecía de cargador. Además, se halló un cargador adicional con capacidad para 30 cápsulas y 10 proyectiles en su interior.
Identidad de los implicados
- Ashley Mariel Sánchez Victoriano (“Masha”), exponente urbana.
- Alexander Martínez Nolasco (“Habilidad”), de 18 años.
- Karla Julisa (“Juliquin”), de 19 años.
Los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público tras su arresto.
Audiencia marcada por tensiones y reclamos de la defensa
La audiencia inició con un intento de aplazamiento por parte de la defensa, que alegó no haber recibido el expediente completo. Sin embargo, el tribunal decidió continuar con el proceso.
Al finalizar, el abogado Henry Romero calificó la decisión como “llena de irregularidades” y aseguró que el arresto y el registro del vehículo presentan inconsistencias. También afirmó que la magistrada había fallado de forma distinta en casos similares. La defensa anunció que apelará la medida ante la Corte de Apelación.
Contexto adicional del historial judicial de Masha
En febrero de 2026, el nombre de la artista volvió a la opinión pública tras un tiroteo en el que una joven perdió la vida, hecho que quedó bajo investigación. En octubre de 2025, Masha enfrentó otro proceso por posesión de marihuana, donde se le impuso una garantía económica de RD$100,000.