Calificación jurídica en debate por caso Jet Set
La mirada del sistema de justicia estará puesta a partir de las diez de la mañana en el Primer Juzgado de la Instrucción.
El magistrado Raymundo Mejía emitirá su esperada decisión respecto al trágico colapso de la discoteca que dejó cientos de víctimas en el país.
El punto que genera mayor debate en la comunidad jurídica dominicana radica exclusivamente en la calificación legal que se otorgará a los hechos.
De homicidio involuntario a posible dolo eventual
El tribunal penal deberá definir si la conducta de los propietarios encaja estrictamente en la tipificación de un homicidio puramente involuntario por negligencia.
Por el contrario, algunos querellantes sostienen que los elementos probatorios permiten configurar de manera perfecta la compleja figura del dolo eventual en el proceso.
De validarse esta tesis voluntaria, cambiaría drásticamente la carga penal y la escala de las sanciones en un eventual juicio de fondo posterior.
Transmisión en vivo y acceso limitado al tribunal
Dada la alta sensibilidad social del caso y las limitaciones de espacio, el tribunal ha dispuesto que el acceso presencial sea restringido hoy.
No obstante, la audiencia preliminar será transmitida en vivo a través de la plataforma digital YouTube para garantizar la publicidad del proceso judicial.
Los ciudadanos interesados podrán seguir los detalles de la lectura del fallo mediante un enlace electrónico que ha sido formalmente habilitado para ello.
Dictamen definitivo en los casos Coral y Coral 5G
La jornada judicial continuará a las tres de la tarde en el Primer Tribunal Colegiado donde se dictará el esperado fallo definitivo.
Las juezas decidirán la suerte del exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, general Adán Cáceres Silvestre, y otros altos oficiales militares implicados.
El tribunal se reservó el dictamen tras concluir los intensos debates, destacando que se cumplió rigurosamente con el debido proceso de ley.
Peticiones del Ministerio Público y de la defensa
La procuradora fiscal ha solicitado condenas que oscilan entre los cinco y veinte años de prisión para los acusados de corrupción administrativa.
Las autoridades judiciales exigen además el decomiso total de bienes por la supuesta sustracción de más de cuatro mil quinientos millones de pesos.
Por su parte, los abogados defensores solicitaron la absolución total de todos sus representados alegando una evidente insuficiencia en las pruebas presentadas.