Receso en el conocimiento de la medida de coerción
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago recesó el conocimiento de la medida de coerción contra los diez imputados señalados.
La decisión judicial la adoptó formalmente la magistrada Yiberty Polanco, quien dispuso la suspensión de la audiencia debido a la carga laboral del tribunal.
El proceso judicial acumula actualmente dos aplazamientos previos y un receso, en un expediente que ha despertado gran interés en la sociedad dominicana.
Cuestionamientos de la defensa técnica al expediente fiscal
Durante el desarrollo de la audiencia, los abogados de la defensa cuestionaron con firmeza la solidez del expediente estructurado por el Ministerio Público.
Los profesionales del derecho alegaron formalmente ante el tribunal que la acusación carece de pruebas suficientes para vincular directamente a todos sus representados.
Las defensas técnicas de los acusados confían en que demostrarán la inocencia de sus clientes frente a las imputaciones presentadas por los fiscales.
Acusaciones del Ministerio Público por estafas electrónicas
Por su parte, los representantes del Ministerio Público sostienen que los acusados formaban parte activa de una peligrosa y compleja organización criminal internacional.
Los imputados son señalados por el órgano persecutor por cometer presuntamente delitos de estafas electrónicas, extorsiones y lavado de activos en el país.
Las operaciones ilícitas desplegadas por la red desmantelada estaban dirigidas principalmente contra ciudadanos estadounidenses que resultaron estafados desde territorio nacional durante años.
Reanudación de la audiencia y presentación de argumentos
El tribunal de atención permanente retomará formalmente el conocimiento de la solicitud de medida de coerción este próximo miércoles diecisiete de junio.
Se espera que durante la próxima jornada judicial las partes involucradas continúen con la presentación detallada de sus respectivos argumentos ante la jueza.
Los fiscales del caso solicitarán la imposición de prisión preventiva contra los imputados debido a la gravedad de los hechos punibles bajo investigación.