Santo Domingo, RD — 16 de junio de 2026. El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó una sentencia sin precedentes al condenar a altos mandos militares implicados en el Caso Coral y ordenar el pago de RD$5,000 millones como indemnización al Estado dominicano, tras comprobarse la existencia de una estructura de corrupción que operó durante años desde organismos de seguridad nacional.
Una sentencia que marca un antes y un después
Condenas de hasta 20 años de prisión
El tribunal impuso 20 años de prisión al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), tras hallarlo culpable de encabezar una red que desvió miles de millones de pesos de fondos públicos. También fueron condenados el general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel Rafael Núñez de Aza, señalados como piezas clave en el entramado ilícito.
Las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo concluyeron que los acusados cometieron asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y estafa contra el Estado.
La indemnización más alta en un caso de corrupción
RD$5,000 millones deberán regresar al patrimonio público
El fallo ordena que los condenados devuelvan RD$5,000 millones al Estado dominicano, convirtiéndose en la mayor indemnización otorgada en un caso de corrupción pública en el país. La decisión reconoce daños económicos, institucionales y reputacionales causados al Estado, incluyendo afectaciones a la imagen de la Presidencia y al sector turístico.
Abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público calificaron la sentencia como “una señal clara de que la corrupción y la impunidad no serán toleradas, sin importar el rango del funcionario involucrado”.
Cómo operaba la red de corrupción
Desvío sistemático de fondos desde organismos de seguridad
Según las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la estructura operó entre 2012 y 2020 utilizando recursos del CUSEP, CESTUR y otras dependencias estatales. El entramado empleaba empresas, bienes inmuebles, cuentas bancarias y operaciones financieras para ocultar el origen ilícito de los fondos desviados.
Las juezas determinaron que existió una organización criminal con roles definidos, mecanismos de ocultamiento y un patrón sostenido de enriquecimiento ilícito.
Decomiso de bienes y recuperación de activos
El Estado busca resarcir el daño causado
Además de las penas de prisión y la indemnización, el tribunal ordenó el decomiso de bienes adquiridos con fondos ilícitos, como parte del proceso de recuperación del patrimonio público. La medida incluye propiedades, cuentas bancarias y activos vinculados directamente a la red de corrupción.
Un mensaje contundente contra la impunidad
La sentencia envía una señal firme a la sociedad dominicana: los delitos de corrupción tendrán consecuencias severas, incluso para altos mandos militares. El Ministerio Público destacó que este fallo fortalece la lucha institucional contra el desvío de fondos públicos y sienta un precedente para futuros procesos anticorrupción.