Ministerio Público investiga red de despojo de inmuebles
El Ministerio Público investiga activamente la existencia de una presunta red criminal dedicada especialmente al despojo fraudulento de valiosos inmuebles en Santiago.
La acción judicial inició formalmente tras la presentación de una querella depositada por el conocido abogado Arnaldo Gómez ante las autoridades competentes.
El jurista actúa en representación legal del Instituto de Estudios Avanzados y de varias personas particulares que aseguran resultaron afectadas por estas maniobras.
Acusan a grupo de utilizar procedimientos judiciales irregulares
De acuerdo con las declaraciones de Gómez la denuncia se interpuso directamente contra un grupo organizado al que acusa de cometer delitos graves.
Los señalados utilizaban supuestamente diversos procedimientos judiciales irregulares para despojar de forma ilegal a los propietarios legítimos de sus diferentes bienes raíces.
Las maniobras delictivas de la banda consistían en desposeer a las víctimas de sus tierras mediante decisiones legales obtenidas de una manera fraudulenta.
Fiscalía de Santiago profundiza las investigaciones penales
El profesional del derecho explicó detalladamente que la Fiscalía de Santiago se encuentra apoderada formalmente de este complejo caso de fraude inmobiliario.
El abogado dominicano indicó que los fiscales de turno desarrollan actualmente las investigaciones correspondientes para determinar con precisión las responsabilidades de los involucrados.
Los organismos de inteligencia criminal buscan recolectar suficientes evidencias materiales que sirvan para desmantelar por completo a esta peligrosa organización mafiosa local.
Propietarios alegan falta de notificaciones en el proceso
Asimismo el jurista sostuvo firmemente que uno de sus representados figura como legítimo acreedor del inmueble en disputa desde el año doce pasado.
El afectado alegó de manera contundente ante las autoridades que nunca se le notificó debidamente sobre las acciones judiciales que se estaban realizando.
La falta de una notificación oficial oportuna derivó directamente en el proceso cuestionado que hoy mantiene en alerta a toda la sociedad dominicana.