Una jueza de Santiago dicta un año de prisión preventiva contra los principales cabecillas de la red desmantelada en la Operación XL526
Acogiendo la solicitud del Ministerio Público una jueza de un tribunal de Santiago impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción.
La drástica medida de privación de libertad afecta directamente a los considerados principales cabecillas de la estructura criminal dedicada a cometer estafas.
El proceso judicial fue declarado oficialmente de tramitación compleja debido a la pluralidad de personas imputadas y de víctimas en el extranjero.
Los procesados enviados a prisión son Carlos José Parra Lantigua Eliardo Peña Almonte Renso Darío González Almonte Walinton Sosa y Moisés David Pichardo.
El Ministerio Público logra medidas restrictivas y garantías económicas contra otros cinco integrantes de la organización delictiva trasnacional
En tanto que una garantía económica de ochocientos mil pesos por compañía aseguradora fue impuesta a otros cinco miembros de la red.
Los imputados favorecidos con fianza presentación periódica e impedimento de salida son Pedro Pichardo Yusmery Cabrera Danny Lantigua Joselín Pichardo y Julio Peralta.
El equipo litigante del órgano persecutor estuvo representado por la experimentada procuradora de corte Quirsa Abreu titular de la Fiscalía de Santiago.
La magistrada Yiberty Polanco jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago valoró las pruebas aportadas en el.
Los delincuentes cibernéticos operaban desde el municipio de Jacagua utilizando el idioma inglés para extorsionar a ciudadanos estadounidenses
La red del crimen organizado desmantelada el pasado dos de junio se dedicaba también de manera activa al lavado de activos financieros.
La organización delictiva de carácter internacional tenía su principal base de operaciones en el municipio de Jacagua perteneciente a la provincia de.
Los integrantes de la estructura criminal se apoyaban en su perfecto dominio del idioma inglés para realizar las llamadas fraudulentas hacia Norteamérica.
El modus operandi de la banda consistía en la captación de víctimas a través de anuncios publicitarios digitales diseñados con fines delictivos.
Los imputados amenazaban a sus víctimas haciéndose pasar por peligrosos miembros del Cartel de Sinaloa y cobraban en criptomonedas
Los delincuentes informáticos se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales transnacionales como el temido Cartel de Sinaloa para intimidar.
Los estafadores enviaban imágenes de crímenes horrendos a las víctimas estadounidenses con el único propósito de obligarlas a entregar altas sumas de.
Los fondos ilícitos obtenidos mediante chantaje eran posteriormente canalizados utilizando modernos mecanismos financieros como la criptomoneda Bitcoin y las transferencias de dinero.
Un grupo de treinta y cinco fiscales practicó veintiocho allanamientos simultáneos en las provincias de Santiago y Puerto Plata para capturarlos.