El tribunal de Santiago aplaza el conocimiento de la medida de coerción contra los pasados directivos del Patronato Cibao contra el Cáncer
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó para el próximo martes veintitrés el conocimiento de la medida de coerción.
El tribunal judicial conocerá el proceso legal a las cuatro y treinta de la tarde contra los pasados exdirectivos del Patronato Cibaeño contra.
Los antiguos administradores de la entidad médica están acusados formalmente de crear un departamento ilegal de cambio de indicaciones de forma sistemática.
La red delictiva realizaba la alteración y emisión de facturas fraudulentas con el único propósito de afectar financieramente al Seguro Nacional de Salud.
La PEPCA y la fiscalía detallan el uso de sellos médicos falsificados y la venta ilícita de tratamientos donados de alto costo
El expediente acusatorio cuenta con doscientas treinta y siete páginas elaboradas con rigor por los técnicos de la Procuraduría Especializada de Persecución.
Las autoridades de la fiscalía de Santiago detallan que los imputados dispusieron ilegalmente de sellos médicos de distintos especialistas de la salud.
Los investigados utilizaban talonarios pre-sellados de médicos internistas ginecólogos neurólogos y ortopedas para llenar falsas solicitudes de costosos estudios especializados en.
La dirección del centro prohibió expresamente regalar los medicamentos donados bajo amenaza de despido argumentando que la farmacia interna necesitaba vender obligatoriamente.
El Ministerio Público tipifica las acciones como un entramado criminal complejo que comercializaba con medicinas para pacientes de quimioterapia
El documento judicial establece que los encartados comercializaron los medicamentos donados incluyendo productos de alto costo utilizados especialmente en las quimioterapias.
Los miembros de la red dejaron vencer los fármacos que no pudieron ser vendidos lo que constituye una conducta cruel contra pacientes pobres.
La estructura ilícita contó con la participación de otros empleados y relacionados quienes actuaron de manera concertada para sustraer los fondos públicos.
La investigación del Ministerio Público establece que la organización criminal era integrada por Héctor Lora Dilcia Vargas y su esposa Luisa Guzmán.
Las empresas vinculadas al fraude desviaron los recursos estatales destinados a la atención médica de los enfermos vulnerables
Las maniobras fraudulentas involucran directamente a las entidades comerciales denominadas Vargas Guzmán Accounting Center y a la conocida Fundación Tócate RD actualmente.
El expediente indica que las actuaciones delictivas se realizaron en perjuicio del Estado dominicano y de los afiliados al Seguro Nacional de Salud.
El grupo eligió los recursos financieros provenientes del Senasa como objetivo principal para desviar el dinero destinado a la salud de personas.
Para cometer el fraude traspasaron todo el control de la facturación de las ARS a una firma privada de contadores.