El abogado Edward Moya alertó que incumplir los acuerdos en los populares “sanes”, una modalidad de ahorro colectivo muy extendida en la República Dominicana, puede desencadenar conflictos y acciones legales debido a su carácter informal y a la ausencia de regulación estatal.
Los sanes siguen siendo una práctica común, pero vulnerable a conflictos
Los “sanes” continúan siendo una alternativa de ahorro para miles de dominicanos que buscan reunir dinero sin recurrir a préstamos bancarios. Se utilizan en barrios, comunidades y centros de trabajo, y funcionan mediante aportes periódicos entre un grupo de personas que recibe el dinero acumulado por turnos previamente acordados. Aunque esta práctica es legal, su informalidad abre la puerta a disputas cuando uno de los participantes incumple los pagos establecidos.
El abogado explica por qué incumplir un san puede llevar a tribunales
El jurista Edward Moya señaló que los sanes se sustentan en la autonomía de la voluntad y la buena fe entre los participantes. Sin embargo, cuando alguien recibe su turno y luego deja de pagar, afecta directamente al resto del grupo y puede ser acusado de abuso de confianza. Moya recomienda documentar los acuerdos para evitar controversias y recordó que los afectados pueden denunciar o querellarse contra quien incumpla, utilizando como base legal el artículo 252 del Nuevo Código Penal dominicano.
La confianza es el pilar… y también el riesgo
El sistema depende casi por completo de la confianza. Cuando un participante falla, el grupo queda desprotegido y sin mecanismos formales para exigir el cumplimiento. Por eso, el abogado insiste en que, aunque los sanes no contradicen la ley ni la moral, sí requieren mayor formalidad para evitar pérdidas económicas y procesos judiciales.
Posibles acciones legales en caso de incumplimiento
Según Moya, los afectados pueden recurrir a la vía penal cuando se demuestra que un participante distrajo o retuvo el dinero de manera indebida. Este tipo de denuncias busca constreñir la devolución del monto aportado y establecer responsabilidades frente al abuso de confianza.