El Senado aprueba las modificaciones a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
La Cámara Alta acogió de urgencia los cambios introducidos por los diputados para regular de forma inmediata las contribuciones que deben realizar las empresas del país.
Escala de montos y nuevas categorías de pago
- Las personas jurídicas con ingresos de hasta cinco millones de pesos anuales formarán una nueva categoría con un aporte fijo de cinco mil pesos.
- Las empresas que reporten ingresos anuales situados entre los setecientos millones uno y mil millones de pesos deberán aportar setecientos cincuenta mil pesos.
- Los consorcios que generen entre mil millones uno y dos mil quinientos millones de pesos pagarán una tasa fija establecida en un millón setecientos mil pesos.
- Las grandes corporaciones cuyos ingresos operativos superen los dos mil quinientos millones de pesos anuales contribuirán con dos millones doscientos mil pesos.
Mecanismo de liquidación y plazos fiscales
- El senador Venerado Castillo solicitó la inclusión del tema debido a que el plazo de liquidación para las empresas vencía formalmente este mismo martes.
- La normativa establece que la contribución especial será liquidada anualmente ante los colectores oficiales de la Dirección General de Impuestos Internos.
- Las compañías realizarán el pago dividido en dos cuotas semestrales correspondientes al cincuenta por ciento junto a su declaración del Impuesto sobre la Renta.
Destino de los recursos recaudados
Los fondos captados por concepto de esta tasa ambiental serán transferidos de forma obligatoria hacia el fideicomiso nacional para el manejo de los desechos.
La Dirección General de Impuestos Internos dispondrá de un plazo máximo de treinta días calendario para transferir los montos recaudados a la Tesorería Nacional.
La Cámara de Diputados había sancionado previamente el proyecto en dos lecturas consecutivas durante la jornada del lunes para agilizar su promulgación en el Poder Ejecutivo.
Con esta reforma estructural se busca garantizar la sostenibilidad económica de las operaciones de recolección y coprocesamiento técnico de los desperdicios en todos los municipios.