La circular busca mayor trazabilidad, transparencia y responsabilidad en las operaciones públicas
La Contraloría General de la República emitió una nueva normativa que cambia de manera significativa la forma en que las instituciones del Estado gestionan las cesiones de contratos de obras, bienes y servicios. La disposición, contenida en la Circular IN‑CGR‑CIR‑2026‑0005, entrará en vigor el 6 de julio de 2026 y establece reglas más estrictas para garantizar transparencia, trazabilidad y control financiero en estas operaciones.
Un marco más riguroso para proteger los recursos públicos
El contralor general, Geraldo Espinosa, explicó que la nueva normativa busca asegurar que cada cesión de contrato se realice bajo criterios técnicos claros y con mecanismos que permitan seguir la operación desde su origen hasta su cierre. La medida responde a las disposiciones de la Ley 47‑25 de Contrataciones Públicas, que exige mayor uniformidad y control en los procesos administrativos.
La circular está dirigida a ministros, directores generales, titulares de instituciones descentralizadas y autónomas, así como a todas las entidades bajo el ámbito de la Ley 10‑07, que regula la función de la Contraloría.
Contrato tripartito y verificación obligatoria del cesionario
Uno de los cambios más relevantes es la obligatoriedad de firmar un contrato tripartito entre la institución contratante, el contratista original (cedente) y el nuevo beneficiario (cesionario). Este mecanismo garantiza responsabilidad solidaria ante el Estado y define con claridad las obligaciones de cada parte.
Además, las instituciones deberán verificar que el cesionario cumpla con los mismos requisitos técnicos, legales y financieros exigidos en la adjudicación original, y que esté registrado como beneficiario en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).
Cesiones solo en casos excepcionales y con informe técnico previo
La normativa establece que las cesiones de contratos solo podrán realizarse en casos excepcionales y de interés público, conforme al artículo 151 de la Ley 47‑25. Para aprobarlas, será obligatorio un informe técnico que justifique la operación y detalle el estado físico y financiero del contrato.
Este requisito busca cerrar brechas administrativas y evitar cesiones que puedan comprometer la ejecución de proyectos o la correcta administración de fondos públicos.
Registros obligatorios en TRE Contrato y SIGEF
Como parte de los controles, toda cesión deberá registrarse como una adenda al contrato original en el Sistema de Trámite Regular Estructurado (TRE Contrato). Esto permitirá identificar montos transferidos, saldos pendientes, garantías vigentes y responsabilidades de cada parte.
Los pagos también deberán registrarse en SIGEF a nombre del beneficiario correspondiente, lo que refuerza la trazabilidad financiera y evita duplicidades.
Garantías y responsabilidades reforzadas
La normativa dispone que las garantías contractuales serán asumidas por el cesionario en proporción al monto transferido, preservando la protección del interés del Estado durante la ejecución de los proyectos.
Un paso hacia mayor transparencia y control
Con esta circular, la Contraloría busca fortalecer la rendición de cuentas y mejorar la calidad de la información financiera en las contrataciones públicas. El nuevo marco regulatorio marca un avance importante en la modernización de los procesos administrativos y en la protección de los recursos del Estado.