Participación Ciudadana pide que el Código Penal entre en vigor en agosto y sea corregido sin demora
La organización cívica Participación Ciudadana reiteró este martes que el nuevo Código Penal debe entrar en vigencia en agosto de 2026, tal como establece la ley, y que sus debilidades deben corregirse sin aplazar la fecha. La entidad advirtió que extender la vacatio legis sería un mal precedente institucional, pese a reconocer que la normativa aprobada contiene fallas que requieren ajustes urgentes.
Correcciones urgentes: derechos fundamentales y libertad de expresión
En su comunicado, Participación Ciudadana señaló que las modificaciones pueden realizarse antes o después de la entrada en vigor, pero deben ejecutarse con rapidez desde el Congreso Nacional o mediante decisiones del Tribunal Constitucional, que ya conoce recursos relacionados con la pieza.
Entre los puntos que la organización considera prioritarios están:
- Incorporar las tres causales del aborto como eximentes de responsabilidad penal, para proteger la salud y dignidad de las mujeres.
- Despenalizar la difamación, injuria y ultraje, delitos que entienden deben salir del ámbito penal para garantizar la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
Avances y nuevos tipos penales en la normativa
Aunque la entidad reconoce fallas, también destacó que el nuevo Código Penal representa un avance al incluir cerca de 70 nuevos tipos penales, entre ellos:
- Feminicidio y violencia de género.
- Cibercrímenes y delitos tecnológicos.
- Delitos financieros y de corrupción.
- Sicariato, autosecuestro, obstrucción de la justicia y crímenes de lesa humanidad.
En materia de corrupción, la normativa introduce sanciones para conductas como tráfico de influencias, conflictos de intereses, sobrevaluación ilegal, acuerdos ilícitos entre comerciantes y distracción de recursos públicos, además de ampliar la prescripción de delitos contra el patrimonio público a 20 años.
Llamado al Congreso: corregir sin retrasar
Participación Ciudadana informó que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo trabaja en un anteproyecto para corregir las deficiencias del texto aprobado, e instó a que sea sometido sin dilaciones ante el Congreso. La organización insistió en que las cámaras legislativas deben ser las primeras interesadas en enmendar los errores sin afectar la entrada en vigencia prevista.