Campesinos de Pueblo Nuevo, en el sur de Córdoba, comienzan a reconstruir su futuro sobre las huellas del despojo paramilitar en la hacienda La Palmira, un extenso predio de casi 2.000 hectáreas que volvió a manos del Estado para ser entregado a organizaciones rurales. La recuperación del terreno, ligada durante años a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se convierte hoy en un símbolo de reparación y reforma agraria.
Un retorno esperado por décadas
La Palmira fue incluida en el Fondo para la Reparación de las Víctimas después de que el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, la señalara como uno de los bienes utilizados para coordinar operaciones armadas y financieras del grupo. Aunque el Estado la había adjudicado a familias campesinas, estas nunca pudieron ocuparla debido a disputas legales, amenazas y la presencia de particulares que explotaban el terreno sin ser propietarios.
Para cerca de 100 familias, este trámite administrativo representa la posibilidad real de volver a una tierra que les pertenece desde hace años, pero que el conflicto les arrebató.
Un predio marcado por el abandono
El recorrido hacia la hacienda toma más de dos horas por caminos de tierra. Al llegar, la imagen es contundente:
- Techo de zinc oxidado
- Pintura blanca desgastada
- Jardines cubiertos de maleza
- Silencio que evidencia años de abandono
En la vieja casa principal, sobre una mesa de madera, descansa un mapa satelital del predio, cuya extensión es comparable con la isla de San Andrés. Allí, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, leyó la resolución que oficializa la recuperación del terreno.
La recuperación: tierra para campesinos y reparación para víctimas
Durante años, La Palmira permaneció en manos de terceros que la explotaban sin generar recursos para la reparación de las víctimas. Con la recuperación, el Gobierno busca cumplir un doble propósito:
- Convertir una antigua hacienda del paramilitarismo en tierra productiva para campesinos.
- Aportar recursos para reparar a quienes sufrieron el conflicto armado.
“Es una inversión con dos propósitos comunes en el Estado colombiano”, resumió Harman.
Un nuevo comienzo para las comunidades rurales
La ANT regresó al predio para garantizar el ingreso de las comunidades, definir una servidumbre de paso y asegurar que los beneficiarios puedan ocupar la tierra sin nuevas amenazas. Con ello, La Palmira se convierte en un ejemplo de cómo la reforma agraria del Gobierno de Gustavo Petro busca transformar territorios marcados por la violencia en espacios de producción, dignidad y futuro.