En la política dominicana hay algo que suele repetirse con demasiada frecuencia: todos hablan de transparencia cuando llegan al poder, pero muy pocos están dispuestos a actuar cuando la corrupción toca la puerta de su propia oficina.
Ese es precisamente el punto que hoy vuelve a poner sobre la mesa el nombre de Abel Martínez.
Se puede estar o no de acuerdo con su forma de hacer política, con su estilo de liderazgo o con sus posiciones partidarias, se le puede criticar por decisiones administrativas o por su discurso político.
Pero hay un aspecto que, hasta el momento, ha resistido el paso del tiempo y el escrutinio público: Abel Martínez no ha sido vinculado personalmente a escándalos de corrupción durante las principales funciones públicas que ha desempeñado.
Fue presidente de la Cámara de Diputados durante seis años, una posición donde históricamente abundan cuestionamientos, denuncias y sospechas sobre el manejo de recursos públicos. Sin embargo, al concluir su gestión no quedó marcado por investigaciones o procesos judiciales relacionados con corrupción administrativa.
Posteriormente dirigió el Ayuntamiento de Santiago durante ocho años, una administración sometida al constante escrutinio de la oposición, de los medios de comunicación y de los organismos de control. Aun así, tampoco surgieron acusaciones que lo señalaran como protagonista de esquemas de corrupción.
Pero existe un hecho que merece ser recordado porque marca una diferencia importante.
Cuando en el Ayuntamiento de Santiago se detectó un fraude que superaba los diez millones de pesos, la administración no optó por esconder el problema, minimizarlo ni proteger a uno de los suyos.
El entonces alcalde Abel Martínez suspendió al funcionario involucrado, René Guzmán Corporán, exdirector de Gestión Humana, presentó una querella formal y dio seguimiento al proceso judicial hasta sus últimas consecuencias. El caso terminó con una condena de diez años de prisión por desfalco y lavado de activos, dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago en junio de 2023.
Ese episodio deja una reflexión que muchas veces pasa inadvertida.
La corrupción puede aparecer en cualquier institución, ninguna administración está completamente blindada frente a la posibilidad de que un funcionario abuse de la confianza depositada en él. Lo que realmente diferencia una gestión de otra es la reacción de quien la dirige.
No es lo mismo descubrir un fraude y denunciarlo que descubrirlo e intentar ocultarlo.
No es lo mismo llevar el expediente a los tribunales que buscar mecanismos para proteger al responsable.
No es lo mismo permitir que la justicia actúe que utilizar el poder político para impedir que actúe.
Hoy vuelven a surgir rumores sobre un supuesto desfalco en el Ayuntamiento de Santiago durante la administración de Ulises Rodríguez. Hasta el momento no existe una acusación formal pública contra persona específica, aunque las propias autoridades municipales han informado que el caso fue llevado ante la justicia. Será el Ministerio Público quien determine responsabilidades y establezca si efectivamente hubo irregularidades y quiénes deberán responder por ellas.
Precisamente por esa razón resulta inevitable establecer una comparación sobre la forma en que cada administración enfrenta este tipo de situaciones.
La transparencia no se mide únicamente por los discursos pronunciados el 27 de febrero o durante una rendición de cuentas. Se mide cuando aparecen las primeras señales de irregularidades y el gobernante debe decidir entre proteger a un colaborador o proteger el patrimonio público.
En ese aspecto, la gestión de Abel Martínez dejó un precedente concreto: cuando detectó un fraude dentro de su administración, acudió a la justicia y permitió que el proceso siguiera su curso hasta obtener una sentencia condenatoria.
En tiempos donde la ciudadanía observa con creciente desconfianza a la clase política, ese tipo de actuaciones adquiere un valor especial.
La lucha contra la corrupción no consiste en afirmar que en una institución nunca hubo personas deshonestas. Consiste en demostrar que, cuando aparecen, nadie está por encima de la ley.
Al final, la verdadera transparencia no es aquella que presume no tener problemas. Es la que tiene el valor de enfrentarlos sin importar el costo político.
Y esa es una diferencia que la historia también termina registrando.