El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó que la suspensión del Registro de Proveedores a once empresas vinculadas a legisladores es solo una notificación.
Por lo tanto, el representante legislativo aclaró que la medida no constituye una sanción administrativa y tildó de inoportuna la difusión pública de la decisión.
Sin duda, De los Santos sostuvo que los senadores señalados no poseen contratos vigentes con el Estado ni mantienen acciones en las compañías mencionadas.
En consecuencia, los legisladores defendieron la transparencia de sus operaciones comerciales y reiteraron el cumplimiento estricto de las leyes de contrataciones públicas.
Postura del Senado y precisiones legales
- Por consiguiente, el senador Antonio Marte precisó que la inhabilitación les fue notificada desde el año dos mil veinte y que sus empresas no le venden al Estado.
- Asimismo, la Dirección General de Compras y Contrataciones aplicó la medida en cumplimiento de las restricciones establecidas sobre el régimen de incompatibilidades de los funcionarios.
- Es decir, las autoridades buscan transparentar la función pública garantizando que ningún representante electo participe en procesos de licitación mientras ejerza el cargo.
- Además, varios de los congresistas mencionados iniciaron los trámites correspondientes para desvincular formalmente su nombre de los registros comerciales observados por el órgano rector.
Transparencia en la función pública
Obviamente, velar por el cumplimiento de la Ley de Compras y Contrataciones y evitar conflictos de interés resulta totalmente indispensable para fortalecer la institucionalidad democrática.
Por lo tanto, el Senado de la República mantendrá la colaboración con los órganos fiscalizadores para aclarar la situación jurídica de los legisladores afectados.