Audiencia clave este lunes por deuda de obras de los Juegos Panamericanos 2003
Este lunes a las 9:00 de la mañana se conoce la audiencia contra el ministro de Hacienda, Magín Díaz, tras una demanda presentada por el Consorcio Jantesa Casalca Disconsa, que reclama reparación de daños y perjuicios por el desacato de una sentencia firme relacionada con obras deportivas ejecutadas para los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003.
La acción judicial surge luego de que el Ministerio de Deportes no cumpliera con el pago ordenado por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en su sentencia del 31 de octubre de 2023, que reconoció la deuda por trabajos realizados hace más de dos décadas.
La deuda supera los US$2.1 millones tras años de intereses acumulados
La sentencia del TSA condenó al Ministerio de Deportes a pagar US$1,367,515.38, más un 1.5 % de interés compensatorio mensual desde junio de 2023. Al mes de julio de 2026, el monto adeudado asciende a US$2,106,273.66, según los documentos presentados por los contratistas.
El consorcio sostiene que, pese a múltiples intimaciones, el Ministerio de Deportes no ha honrado la deuda, lo que motivó la demanda directa contra Magín Díaz por presunto desacato, amparada en el artículo 86-11, que obliga a las entidades estatales a pagar sentencias firmes con su propia partida presupuestaria.
Contratistas reclaman seguridad jurídica y cumplimiento del Estado
Los representantes del Consorcio Jantesa Casalca Disconsa afirman que llevan más de 20 años gestionando el pago de las obras deportivas y que su único interés es que el Estado cumpla con sus compromisos para fortalecer la seguridad jurídica en el país.
La demanda también se produce en medio de los esfuerzos del Gobierno por avanzar en el pago de deudas históricas a contratistas, bajo el marco de la Ley 16-26, cuyo protocolo de aplicación fue aprobado recientemente por la comisión encabezada por el propio Magín Díaz.
Un caso que presiona al Ministerio de Hacienda y al sistema de contrataciones públicas
El proceso judicial podría marcar un precedente para otros contratistas que reclaman pagos atrasados por obras ejecutadas en décadas anteriores. La audiencia de este lunes será determinante para establecer si el tribunal ordena medidas adicionales contra el ministro o si se abre una vía acelerada para el pago de la deuda.