La administración del presidente Donald Trump avanza en una propuesta para imponer una tarifa de más de 100.000 dólares a las solicitudes de trabajadores extranjeros con visa H‑1B, un programa clave para sectores como tecnología, ingeniería, universidades y centros de investigación. El nuevo cobro, que asciende a 103.265 dólares, busca reemplazar una tarifa previa que fue anulada por los tribunales federales.
Un nuevo reglamento para encarecer la visa H‑1B
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó un borrador de reglamento que establece una tarifa de 103.265 dólares para solicitudes sujetas al cupo anual de la visa H‑1B. La norma será enviada al Registro Federal y abrirá un período de comentarios públicos antes de su posible entrada en vigor.
¿A quiénes afectaría?
- Solicitudes dentro del límite legal de 85.000 visas anuales, incluyendo 20.000 reservadas para trabajadores con títulos avanzados.
- Profesionales altamente calificados en áreas como tecnología, ingeniería, investigación y educación.
- Renovaciones anuales de trabajadores ya contratados en EE.UU. bajo el programa H‑1B.
Antecedentes judiciales: una tarifa anulada por ser “ilegal”
El 8 de junio de 2026, un juez federal de Massachusetts anuló la tarifa de 100.000 dólares impuesta previamente por la administración Trump, al considerar que el Gobierno no tenía autorización del Congreso para establecerla y que funcionaba como un impuesto, no como una tarifa administrativa.
En julio, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito rechazó suspender la orden que invalidó el cobro, manteniendo la prohibición.
Pese a ello, el nuevo borrador muestra que la Casa Blanca insiste en aplicar un cargo elevado al programa H‑1B.
Un costo sin precedentes para las empresas estadounidenses
La tarifa propuesta representa un aumento drástico frente al costo habitual de una visa H‑1B, que suele oscilar entre 2.000 y 5.000 dólares según el tipo de solicitud.
Sectores más afectados
- Empresas tecnológicas que dependen de talento extranjero altamente calificado.
- Universidades y centros de investigación que contratan especialistas internacionales.
- Industrias donde la demanda laboral supera la oferta disponible en EE.UU.
¿Qué busca la administración Trump?
La medida pretende hacer permanente un cobro que originalmente se estableció mediante una proclamación presidencial en 2025 y que expira en septiembre de 2026. El DHS fue instruido para convertirlo en una regulación formal.
Además, el texto oficial detalla cómo se distribuiría la recaudación entre agencias como USCIS, ICE, el Departamento de Trabajo y el Departamento de Estado.