Bukele veta palabras del lenguaje inclusivo: “amigue”, “niñe”, “todxs” quedan prohibidas desde el 2 de octubre

San Salvador, 3 de octubre de 2025 — En una decisión que ha generado polémica y debate, el gobierno del presidente Nayib Bukele emitió un memorándum oficial que prohíbe el uso de expresiones propias del “lenguaje inclusivo” —como “amigue, niñe, alumn@, todxs o nosotrxs”— en todos los materiales escolares, circulares y comunicaciones oficiales, a partir del 2 de octubre.

Según la normativa firmada por la ministra de Educación, Karla Edith Trigueros, estas expresiones son consideradas deformaciones del idioma y se catalogan como “injerencias ideológicas” que podrían afectar la formación de los estudiantes. La disposición aplicará de forma obligatoria a nivel nacional en libros de texto, programas educativos, documentos oficiales y comunicaciones institucionales.

El argumento del gobierno es que con esta medida se busca preservar la “claridad y uniformidad” del idioma español. Fuentes oficiales sostienen que el uso generalizado de fórmulas de género no tradicionales puede generar ambigüedad o confusión en la enseñanza del idioma.

No obstante, representantes de organizaciones de derechos humanos, lingüistas y sectores educativos han expresado su preocupación. Para algunos críticos, la medida supone:

una restricción a la libertad de expresión,

un retroceso en materia de inclusión de género,

y una imposición ideológica bajo el disfraz de “protección lingüística”.


También hay quienes advierten que podrían presentarse contradicciones prácticas: ¿cómo adaptarán los maestros sus clases? ¿Qué ocurrirá con materiales ya impresos? ¿Exigirán sanciones si alguien incumple la norma?

Hasta el momento no se ha hecho público el texto completo del memorándum ni los criterios de vigilancia y sanción que acompañarían la medida.


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Mi opinión

Personalmente, me parece que esta decisión abre un frente de tensión entre dos valores que pueden coexistir: el cuidado del idioma y la libertad de expresión/inclusión. Prohibir expresiones que muchas personas usan —y que pueden tener significado identitario para ellas— puede verse como una medida de censura disfrazada de “orden lingüístico”.

Además, imponer reglas de este tipo desde el Estado corre el riesgo de politizar algo tan viviente como el lenguaje, que evoluciona con el uso social. Si el propósito es educar sobre el español, podría ser más efectivo promover un debate educativo y pedagógico sobre el lenguaje inclusivo, sus ventajas y sus límites, antes que prohibirlo de forma tajante.

En resumen: la medida me parece autoritaria y simbólicamente peligrosa, porque arranca en territorio lingüístico pero puede expandirse hacia otros ámbitos de control.