Jueza aplaza por segunda vez audiencia de coerción contra 11 policías acusados de matar a cinco hombres en La Barranquita
La jueza Yaritza Cabral aplazó nuevamente la audiencia para conocer la medida de coerción contra once agentes policiales acusados de causar cinco muertes en Santiago.
La audiencia fue reprogramada para el martes catorce de octubre a las nueve de la mañana, acogiendo la solicitud de las defensas por documentación incompleta.
Las defensas argumentaron que algunos imputados aún no completan los documentos necesarios para demostrar arraigos, razón principal del primer aplazamiento decidido por el tribunal.
El abogado Juan Carlos Báez Peralta indicó que la prórroga busca permitir que las defensas depositen documentos faltantes requeridos para continuar el proceso judicial correspondiente.
El representante de una de las víctimas afirmó que la jueza solicitó agilizar el procedimiento para evitar nuevos retrasos que perjudiquen el desarrollo del caso.
El abogado Esteban Pérez informó que las partes civiles depositaron querellas y constitución en actor civil, mientras defensas pidieron más tiempo para revisar expedientes.
Los once agentes enfrentan cargos por asociación de malhechores y homicidio voluntario, mientras el Ministerio Público solicita prisión preventiva y complejidad procesal del caso.
El Ministerio Público pide dieciocho meses de prisión preventiva para los agentes acusados, argumentando la necesidad de profundizar investigaciones sobre su actuación en el operativo.
Las víctimas fallecidas fueron identificadas como Elvis Martínez, Julio Gómez, Carlos Guzmán, Edward Peña y José Valerio, muertos durante el controvertido operativo policial ocurrido.
Los imputados incluyen oficiales superiores, suboficiales y alistados, entre ellos mayores, un capitán, un teniente, sargentos y rasos pertenecientes a la Policía Nacional dominicana.
El caso ha generado amplio interés público debido a la magnitud del operativo y las circunstancias en que ocurrieron las muertes dentro de una plaza comercial.
Familiares aseguran que las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales, mientras autoridades sostienen que el incidente ocurrió durante un enfrentamiento armado con los presuntos delincuentes.
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