“Cada Institución actúa de forma aislada”: jurista denuncia caos administrativo durante tormenta Melissa

Santo Domingo. – El jurista y experto en Derecho Penal, Francisco Álvarez, cuestionó la respuesta del Estado dominicano frente a la tormenta tropical Melissa, señalando una preocupante desarticulación entre las instituciones públicas encargadas de gestionar emergencias.

Álvarez denunció que la actuación gubernamental evidenció nuevamente la ausencia de un mando unificado, lo que se traduce en decisiones aisladas y contradictorias. “Cada entidad emite resoluciones y comunicados sin conexión entre sí, generando confusión jurídica, operativa y social”, afirmó.

Uno de los ejemplos citados fue la decisión del Poder Judicial de suspender labores en ciertos departamentos judiciales, sin extender la medida a otras jurisdicciones interconectadas. Esta acción, según el jurista, ignora la movilidad de jueces, abogados y personal administrativo entre regiones.

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo emitió una resolución suspendiendo las actividades laborales en provincias bajo alerta roja, asegurando que no se afectarían los derechos ni salarios de los trabajadores. Álvarez consideró que esta medida, aunque bien intencionada, contradice lo establecido en el Código de Trabajo y en la jurisprudencia laboral vigente.

El jurista recordó que la legislación contempla como causa válida de suspensión el caso fortuito o fuerza mayor, aplicable en situaciones como fenómenos naturales. Sin embargo, subrayó que esta figura requiere una formalización jurídica adecuada, no simples comunicados que generan incertidumbre.

También criticó la actuación del ministro de Trabajo, quien desde su cuenta personal aclaró aspectos sobre el teletrabajo durante la tormenta. Álvarez señaló que dicha aclaración carece de valor jurídico, al no constituir un acto administrativo formal ni seguir el procedimiento legal correspondiente.

En su análisis, advirtió que esta fragmentación institucional vulnera principios esenciales como la jerarquía normativa, la coordinación interinstitucional y la seguridad jurídica. “Los ciudadanos no saben si deben trabajar, los empleadores temen sanciones, y las instituciones operan en un limbo de competencias”, expresó.

Como solución, propuso una reforma que establezca un sistema centralizado para emitir disposiciones vinculantes en situaciones de emergencia, obligando a todas las entidades estatales a acatar un mando único.

“Solo una respuesta coherente y jurídicamente sólida puede garantizar la confianza ciudadana y la legitimidad del Estado en momentos críticos”, concluyó Álvarez, advirtiendo que mientras persista la fragmentación normativa, el país seguirá enfrentando los desastres naturales con improvisación e inseguridad jurídica.