Santiago, RD — 27 de agosto de 2026. El Banco Central de la República Dominicana negó que exista una obligación de pago por US$5.0 millones al consorcio que reclama la compensación por supuestos servicios prestados en años anteriores. La institución aclaró que el reclamo carece de sustento contractual y que no procede ningún desembolso con cargo a fondos públicos.
La entidad asegura que no existe contrato que valide el reclamo
El Banco Central explicó que el consorcio presentó una solicitud de pago basada en un acuerdo que nunca fue formalizado, por lo que la institución no reconoce compromisos financieros pendientes.
Según la entidad, los documentos depositados por el consorcio “no constituyen un contrato válido ni generan obligaciones económicas”, lo que impide procesar cualquier pago.
El reclamo surgió tras una revisión de proyectos antiguos
El consorcio argumentó que el monto corresponde a trabajos técnicos realizados en una fase preliminar de un proyecto que nunca avanzó a ejecución. Sin embargo, el Banco Central sostuvo que esos trabajos no fueron autorizados mediante un contrato formal, ni aprobados por los organismos internos responsables de validar compromisos financieros.
Banco Central reafirma su política de transparencia y control interno
La institución reiteró que mantiene estrictos controles para evitar pagos sin respaldo legal y que todas las obligaciones deben cumplir con:
- Contratos debidamente firmados.
- Certificaciones de cumplimiento.
- Aprobación de los departamentos técnicos y jurídicos.
- Verificación de la Contraloría interna.
El Banco Central afirmó que continuará actuando con rigor para proteger los recursos públicos y garantizar la transparencia en sus procesos administrativos.
El caso podría pasar a revisión jurídica
Fuentes vinculadas al proceso indicaron que el consorcio evalúa elevar el reclamo por la vía legal, mientras el Banco Central mantiene su posición de que no existe deuda ni obligación de pago.
De presentarse una acción judicial, la institución asegura que defenderá su postura con base en la normativa vigente y en la ausencia de un contrato que sustente la reclamación.