Villa González. – Comunitarios del distrito municipal de Palmar Arriba, en el municipio de Villa González, denunciaron la depredación de una extensa área boscosa ubicada en una loma de esa demarcación, la cual estaría siendo intervenida para dar paso a un supuesto proyecto habitacional, pese a advertencias legales y ambientales presentadas ante las autoridades locales.
Según explicaron los denunciantes, cuatro regidores aprobaron el cambio de uso de suelo, aun cuando se les habría entregado evidencia documental que demuestra que los terrenos en cuestión no cumplen con las condiciones legales para ese tipo de desarrollo.
Los comunitarios aseguran que dentro de la documentación entregada al Concejo de Regidores figura información que señala que parte del terreno está en litigio o vinculado legalmente al Estado, además de un proceso de investigación abierto por el Ministerio de Medio Ambiente por posibles violaciones ambientales.
“Les entregamos pruebas claras, incluso documentos que muestran que Medio Ambiente estaba investigando la zona, y aun así aprobaron el uso de suelo como si nada”, expresó una de las personas afectadas.
De acuerdo con la denuncia, el área intervenida corresponde a una loma de alto valor ecológico, la cual estaría siendo nivelada mediante el uso de maquinaria pesada, utilizando el argumento de que se construirá un proyecto de apartamentos.
Sin embargo, los comunitarios cuestionan la viabilidad real del proyecto y denuncian que se estaría usando la figura de desarrollo habitacional como excusa para desmontar y degradar el terreno.
“Eso no es un terreno apto para apartamentos. Es una loma. Lo que están haciendo es destruyendo el bosque para sacar material y luego vender”, denunciaron.
Los residentes de Palmar Arriba advirtieron que la intervención representa un grave riesgo ambiental, ya que podría provocar deslizamientos, pérdida de cobertura vegetal, afectación de fuentes de agua y daños irreversibles al ecosistema de la zona.
Ante la situación, hicieron un llamado urgente al Ministerio de Medio Ambiente, a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) y a otros organismos competentes, para que intervengan de inmediato, paralicen los trabajos y se investigue la actuación de las autoridades municipales involucradas.
Los denunciantes aseguran que continuarán alertando a la opinión pública y no descartan acciones legales y movilizaciones comunitarias para defender el territorio y evitar lo que califican como un crimen ambiental.