Escándalo en el Oncológico del Cibao: RD$50 millones en “gastos de representación” bajo la lupa pública

Santiago. – La administración del ingeniero Héctor Lora al frente del Instituto Oncológico Regional del Cibao ha entrado en el centro de un intenso debate público y ético. Esto ocurrió luego de que diversos sectores médicos, comunitarios y sociales comenzaran a cuestionar el uso de RD$600,000 mensuales en concepto de “gastos de representación” durante sus siete años de gestión.

Documentos internos indican que Lora no figuraba con salario formal, pero sí habría recibido esta suma mensual que, multiplicada por 84 meses, asciende a RD$50,400,000.

El hecho adquiere mayor gravedad por tratarse de una institución oncológica sin fines de lucro. Su misión es atender a pacientes oncológicos de escasos recursos en las 14 provincias de la región Norte.

La cifra ha desatado interrogantes sobre el costo de oportunidad social de esos recursos. Estos pudieron haberse destinado a medicamentos, quimioterapias, mantenimiento de salas comunes y reducción de deudas millonarias.

Según denuncias de médicos y familiares de pacientes, durante la gestión anterior se desmantelaron salas compartidas. Esto fue para forzar a los enfermos a alquilar habitaciones privadas de entre RD$4,000 y RD$5,000 por noche.

Mientras tanto, el centro oncológico arrastra deudas superiores a los RD$100 millones con laboratorios. Además, mantiene una nómina mensual de RD$11 millones. Esta situación pone en jaque la sostenibilidad de sus servicios.

Los cuestionamientos no se limitan a la cifra millonaria. Sectores médicos y administrativos reclaman una investigación profunda sobre el manejo de los fondos recibidos a través del Seguro Nacional de Salud (SENASA) durante esos siete años.

Se pide esclarecer la situación

También exigen esclarecer la supuesta relación de la empresa auditora Vargas Lora. Esto plantea un evidente conflicto de interés.

A esto se suman acusaciones de incumplimientos en conciliaciones contables, falta de informes y suspensión de ayudas estatales por parte del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana.

El reconocido cirujano oncólogo Juan Vila también ha señalado una serie de prácticas que considera irregulares. Esto incluye vehículos asignados sin transparencia, emisión de cheques superiores a RD$50,000 a familiares, nepotismo y falta de rendición de cuentas.

Pacientes que acudían al centro afirman que fueron directamente afectados por esta política económica y administrativa, al tener que pagar espacios privados que antes no eran obligatorios. Esto distorsiona la naturaleza humanitaria con la que fue fundado el instituto oncológico.

Uno de los aspectos más alarmantes es que no se convocaba una asamblea desde 2017, lo que mantuvo a la directiva en funciones durante más de siete años sin renovación. Este estancamiento institucional fue lo que finalmente condujo a la asamblea extraordinaria eleccionaria celebrada el 8 de octubre. La nueva dirección ha prometido un proceso de saneamiento institucional, aunque aún no se ha hecho público un plan concreto de auditoría externa.

La magnitud de los recursos involucrados y la falta de información detallada sobre su uso plantea serias dudas sobre la gobernanza institucional del Oncológico.

Expertos consultados advierten que en una entidad de carácter social, los llamados “gastos de representación” deben estar justificados, aprobados por instancias colegiadas, limitados en monto y con comprobantes públicos. De lo contrario, se convierten en un canal opaco que desvía recursos esenciales para la atención médica de miles de pacientes oncológicos.

Las cifras que hoy están bajo escrutinio no son menores: RD$600,000 mensuales, RD$50.4 millones acumulados, RD$11 millones en nómina mensual y más de RD$100 millones en deudas.

A eso se suman los costos humanos de una gestión que, según los denunciantes, priorizó gastos administrativos sobre necesidades clínicas. Esto ocurrió en un centro oncológico que representa la esperanza de vida para cientos de pacientes cada año.

La sociedad santiaguera, el personal médico y los familiares de pacientes han comenzado a exigir una auditoría externa forense. Esto para esclarecer cada peso invertido, devengado y destinado durante la pasada administración. También reclaman publicación periódica de estados financieros, mecanismos de control, política de conflicto de interés y la restitución de las salas comunes. Esto es parte de un proceso de recuperación de la misión fundacional de la institución.

Mientras tanto, el nombre de Héctor Lora queda marcado por la sombra de un caso que combina altos montos, opacidad administrativa y una misión social herida. Esto ocurre en uno de los centros de salud más sensibles de la región. Lo que para algunos fue “gasto de representación”, para muchos pacientes oncológicos representa tratamientos perdidos, esperas prolongadas y oportunidades que no volverán. La transparencia, en este contexto, no es una opción política: es una obligación moral.