Una ola de indignación sacude a la provincia de Samaná tras la liberación de dos mujeres implicadas en un incidente violento en Sánchez
Las víctimas temen por sus vidas ante la falta de medidas coercitivas reales que frenen el comportamiento violento de las procesadas en esta jurisdicción.
Una ola de indignación y fuertes cuestionamientos sobre la seguridad jurídica sacude a la provincia de Samaná tras la liberación de dos mujeres implicadas.
La decisión emitida por la magistrada Jani Maldonado ha generado estupor debido a que una de las favorecidas es reincidente en hechos de violencia.
Morelyn Eusebio Ribota se encontraba bajo libertad condicional por haber desfigurado previamente el rostro de una joven cuando la jueza le impuso fianza.
La magistrada impuso una fianza de apenas cincuenta mil pesos a la imputada a pesar de su historial previo de agresiones físicas extremadamente graves.
En esta ocasión las víctimas identificadas como María del Carmen Castillo Sánchez y su madre quienes residen en el municipio de Higüey actualmente.
Según los reportes médicos Castillo Sánchez sufrió una herida de tal gravedad en su brazo derecho que requirió una intervención quirúrgica de emergencia inmediata.
Junto a Morelyn también procesada Deilyn Moris Ribota a quien se le impuso una garantía de treinta mil pesos y visita periódica semanal.
Familiares de las víctimas denuncian que el sistema judicial de Samaná está enviando un mensaje de permisividad ante los actos de violencia extrema presentados.
La comunidad hace un llamado urgente a la Procuraduría General de la República para que intervenga y revise las actuaciones de los jueces locales.