La política dominicana parece tener una regla no escrita: las medidas son buenas cuando las impulsa mi gobierno y son un atentado contra el pueblo cuando las propone el adversario.
Pocas cosas reflejan mejor esa doble moral que el debate sobre las reformas fiscales.
Hoy se escuchan discursos encendidos contra cualquier intento de modificar el sistema tributario, se habla de defensa del pueblo, de la clase media, de los más pobres y del costo de la vida.
Sin embargo, muchos de quienes hoy levantan esas banderas fueron precisamente quienes, desde el poder, aprobaron aumentos de impuestos, ampliaron la base del ITBIS, incrementaron impuestos selectivos al consumo, eliminaron exenciones y aplicaron paquetes fiscales bajo el argumento de que eran necesarios para preservar la estabilidad económica.
Leonel Fernández defendió durante sus administraciones medidas fiscales que incluyeron el aumento del ITBIS del 12 % al 16 % y diversas reformas orientadas a elevar las recaudaciones en un contexto de recuperación económica y crisis internacional. En ese momento, el discurso oficial era claro: el país necesitaba recursos y había que tomar decisiones difíciles.
Años después, Danilo Medina encabezó uno de los paquetes fiscales más amplios de las últimas décadas, con incrementos de impuestos, revisión de exenciones y mayores cargas tributarias para distintos sectores. La explicación fue prácticamente la misma: garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Ninguno de esos gobiernos presentó aquellas decisiones como agresiones al pueblo, al contrario, insistieron en que eran sacrificios necesarios para mantener la estabilidad del Estado.
Entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué ha cambiado realmente?
¿Las condiciones económicas? ¿La necesidad de recaudar? ¿O simplemente cambió quién ocupa el Palacio Nacional?
Porque la impresión que recibe el ciudadano es que el problema no es la reforma fiscal en sí, sino quién la propone.
Cuando se está en el gobierno, los impuestos se convierten en una herramienta responsable de administración, pero cuando se está en la oposición, esos mismos impuestos pasan a ser una muestra de insensibilidad y fracaso.
Ese doble discurso termina erosionando la confianza pública.
La República Dominicana necesita un debate serio sobre la política fiscal, el Estado requiere ingresos para financiar salud, educación, seguridad, infraestructura y programas sociales. Esa es una realidad que ningún gobierno ha podido evitar. Lo que también exige la ciudadanía es coherencia.
No resulta creíble condenar hoy mecanismos que ayer se defendieron con vehemencia. Tampoco es responsable presentar como una tragedia nacional medidas similares a las que en su momento se impulsaron desde el propio poder.
La oposición tiene el deber de fiscalizar y cuestionar, pero también la obligación de ser consistente con su propia historia. Y el gobierno de turno debe reconocer que la legitimidad de cualquier reforma no depende únicamente de recaudar más, sino de demostrar que los recursos públicos se administran con transparencia, eficiencia y resultados.
La memoria de los dominicanos no debería ser tan corta como algunos políticos parecen creer.
El país merece líderes capaces de sostener principios, no discursos que cambian según el lado del escritorio desde el que hablan.
Porque al final, los impuestos pueden cambiar de nombre, de porcentaje o de alcance. Lo que no debería cambiar es la honestidad intelectual de quienes pretenden dirigir la nación.
Mientras la política continúe utilizando la conveniencia electoral como brújula, seguiremos viendo el mismo espectáculo: los que ayer cobraban impuestos hoy los condenan, y quienes hoy los defienden probablemente mañana harán exactamente lo contrario.
Esa es, quizás, la reforma pendiente más importante de la República Dominicana: sustituir la doble moral por la coherencia.