El tribunal de atención permanente de Santiago impuso medidas de coerción contra diez personas imputadas en la Operación XL526
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso medidas de coerción contra diez personas imputadas en la denominada Operación XL526.
El tribunal judicial acogió además la solicitud del Ministerio Público para declarar el proceso como complejo debido a la gran cantidad de implicados.
La jueza Yiberty Polanco dictó prisión preventiva para cinco de los imputados que son señalados como los presuntos cabecillas de la red.
Dentro de los nombres ofrecidos como los afectados con esta medida de privación de libertad se encuentran Carlos Parra Walinton Sosa y Eliardo.
Cinco de los encartados obtienen libertad condicional mediante el pago de fianzas económicas y presentación periódica ante el juzgado
Para los cinco imputados restantes el tribunal dispuso medidas cautelares combinadas consistentes en impedimento de salida del país y una presentación periódica.
Los procesados favorecidos también deberán pagar garantías económicas individuales bajo la modalidad de contratos vigentes con diversas compañías aseguradoras del mercado nacional.
Los montos de dichas fianzas varían según el nivel de implicación oscilando entre los doscientos mil y los ochocientos mil pesos dominicanos.
Entre quienes obtuvieron la variación de la medida se encuentra la ciudadana Yosmeri Cabrera la única mujer imputada en el expediente criminal.
Las autoridades judiciales vinculan a los integrantes de la banda con delitos de alta tecnología y lavado de activos financieros
La única dama procesada en el caso de delincuencia cibernética deberá pagar una fianza de doscientos mil pesos para recuperar su.
Las autoridades vinculan a los implicados en una red dedicada a delitos de alta tecnología estafa extorsión asociación de malhechores y lavado.
Los investigadores señalan que la organización criminal utilizaba modernas plataformas tecnológicas para cometer fraudes financieros de carácter internacional afectando a muchos ciudadanos.
El Ministerio Público mantiene bajo una estricta investigación los bienes y las cuentas bancarias de los acusados para buscar evidencias de enriquecimiento.
La barra de la defensa técnica califica las acusaciones del Ministerio Público como un acto de populismo penal sin pruebas
A pesar del fallo la barra de la defensa técnica de varios de los procesados cuestionó severamente la solidez del expediente acusatorio.
Los profesionales del derecho pedían la puesta en libertad de sus representados al considerar que no existen elementos probatorios de carácter vinculante.
Los juristas consideraron que las imputaciones responden más a un populismo penal que a un caso concreto con un verdadero sustento probatorio.
Asimismo se solicitó formalmente la nulidad del proceso argumentando la existencia de graves irregularidades procesales que deberán ser evaluadas en las etapas.