Centros operativos de la red en Santiago
El municipio de Jacagua y el sector Los Cocos en Santiago funcionaban como centros principales de una red criminal dedicada a la ciber-extorsión internacional.
La peligrosa estructura delictiva estafó a más de cuatrocientos ciudadanos estadounidenses utilizando diversas plataformas digitales de comunicación según los informes del Ministerio Público.
Los datos de las víctimas norteamericanas fueron validados por los agentes de investigación pertenecientes al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Los integrantes de la red diseñaban anuncios publicitarios en portales de citas íntimas ofreciendo servicios sexuales ficticios de supuestas mujeres muy jóvenes.
Modus operandi y la manipulación psicológica
Para mantener el anonimato de los operadores utilizaban números virtuales de los Estados Unidos redirigiendo las llamadas hacia los centros de operaciones dominicanos.
Cuando un ciudadano contactaba el número telefónico, los operadores llamados tiradores procedían a sonsacarle datos personales, fotografías y adelantos con tarjetas de regalo.
Luego de obtener el teléfono real del usuario, otros miembros de la red ejecutaban búsquedas exhaustivas en plataformas de registros públicos de EE. UU.
De este modo, la organización obtenía nombres de familiares, lugares de trabajo, direcciones residenciales exactas y edades precisas de todos sus objetivos seleccionados.
Coacción violenta con carteles internacionales
Si la víctima se resistía a pagar el dinero exigido, la red criminal ejecutaba de inmediato su maniobra más violenta utilizando la coacción psicológica.
Los imputados enviaban mensajes afirmando pertenecer a organizaciones criminales de extrema violencia internacional como las peligrosas Maras o el poderoso Cártel de Sinaloa.
Incluso realizaban montajes audiovisuales con hombres encapuchados que portaban armas largas de fuego para hacer creíble la terrible amenaza de muerte a familiares.
Blanqueo de capitales y envío de remesas
Desesperadas por el terror, las víctimas realizaban los depósitos mediante canales digitales de pago rápido como Zelle, Cash App o transferencias de Bitcoin.
Para burlar los controles financieros, las cuentas receptoras pertenecían a intermediarios en Estados Unidos que movían el dinero recolectado de manera inmediata.
Posteriormente, los fondos eran enviados a la República Dominicana a favor de diversos testaferros mediante reconocidas agencias de remesas que operan a nivel nacional.
Evidencias del Ministerio Público y proceso judicial
El Ministerio Público prueba el modus operandi a través de transcripciones de interceptaciones telefónicas autorizadas, informes forenses y análisis periciales muy detallados.
Durante los allanamientos las autoridades incautaron decenas de teléfonos móviles, máquinas de contar dinero en efectivo, sellos de financieras falsas y barras de oro.
El órgano acusador también aportó movimientos bancarios de decenas de millones de pesos y reportes oficiales que prueban el lavado de activos de imputados.
Será el próximo lunes cuando la jueza evalúe la solicitud de medida de coerción de la llamada Operación XL 526 contra este grupo delictivo.