Silencio impuesto: cuando la autoridad policial pretende callar a las víctimas

La promesa de justicia pierde valor cuando viene acompañada de intentos de silenciar a quienes claman por ella. Esa es la denuncia que realizan familiares y comunitarios de la comunidad de Matanza, al sur de Santiago, tras un encuentro con el director regional de la Policía Nacional, general Juan Bautista Jiménez Reynoso, luego de la muerte de un joven en circunstancias aún no esclarecidas.

De acuerdo con los denunciantes, el alto oficial aseguró que el caso sería investigado y esclarecido. Sin embargo, lo que ha generado mayor indignación no es la promesa en sí, sino lo que habría ocurrido después: un supuesto pedido expreso para que los familiares no hablaran con los medios de comunicación.

Denuncia de intento de silencio a familiares

Uno de los comunitarios presentes en la reunión afirmó que el general descalificó el trabajo de la prensa, insinuando que los periodistas solo buscan dinero y que los familiares no recibirían ningún beneficio por ofrecer declaraciones.

“Los de la prensa lo que se buscan es su dinero… a nadie le van a dar nada… él no quiere que venga prensa”, relató uno de los familiares, visiblemente molesto.

Si esta denuncia resulta cierta —y corresponde a las autoridades competentes investigarla— el mensaje es profundamente preocupante. Pedirle a una familia en duelo que guarde silencio ante la prensa no es un acto de protección, sino de control, y cuando ese control proviene de una autoridad armada, la gravedad del hecho aumenta.

La prensa como pilar democrático

La prensa no es enemiga del orden público. Por el contrario, es uno de los pilares fundamentales de la democracia, especialmente en contextos donde hay muertes violentas, posibles excesos de autoridad o dudas razonables sobre la actuación policial.

Intentar silenciar a las víctimas no fortalece las investigaciones, sino que las debilita y genera sospechas en comunidades que históricamente han mostrado desconfianza hacia la Policía Nacional.

Promesas sin transparencia no generan confianza

La experiencia reciente demuestra que muchos casos solo han avanzado gracias a la presión social y mediática. Pretender resolver un hecho grave “a puertas cerradas”, sin escrutinio público, no genera confianza ni garantiza justicia.

Si el mando policial está verdaderamente comprometido con esclarecer la muerte del joven en Matanza, no debería temer a las cámaras ni a los micrófonos, ni desacreditar el trabajo periodístico ni insinuar motivaciones económicas en quienes ejercen su derecho constitucional a informar.

Las víctimas tienen derecho a hablar

Las familias de víctimas no necesitan autorización para expresarse. El dolor no se administra desde un despacho policial, ni la verdad se negocia con silencio. Pedirles que no hablen es una forma de revictimización y una negación de una de las pocas herramientas que poseen para exigir justicia: la voz pública.

El respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y la transparencia institucional no son opcionales, especialmente para quienes dirigen los cuerpos armados del Estado.

Un llamado a la reflexión institucional

Este caso debe servir como un llamado de atención. La Policía Nacional se encuentra en un proceso de reforma que, en teoría, busca acercarse a la ciudadanía y recuperar la confianza social. Acciones como las denunciadas van en sentido contrario y ponen en entredicho la credibilidad del mando policial en la provincia de Santiago.

La justicia no se construye en silencio.
La verdad no teme a la prensa.
Y la autoridad que pide callar, renuncia moralmente a exigir confianza.