Se reportó secuestros de personas que publicaron en redes sociales sobre captura de Maduro, como parte de ofensiva para silenciar opiniones.
La detención de Nicolás Maduro ocurrió el 3 de enero en Caracas, durante operación militar ejecutada por Estados Unidos, trasladándolo junto a Cilia Flores.
Maduro y su esposa enfrentan cargos federales de narcotráfico y conspiración, compareciendo este lunes ante un tribunal en Manhattan, según reportes oficiales estadounidenses.
El régimen Ortega-Murillo reaccionó tardíamente, emitiendo comunicado 14 horas después, evitando retórica habitual contra Estados Unidos y exigiendo liberación inmediata de Maduro y Cilia Flores.
Internamente, la respuesta fue más dura: trabajadores estatales obligados a publicar mensajes de apoyo a Maduro bajo amenaza de ser considerados traidores.
Páginas oficialistas reforzaron advertencias, afirmando que dudar es traición, difundiendo imágenes de Maduro y consignas de lealtad en estados de WhatsApp de empleados públicos.
Juventud Sandinista y Red de Comunicadores oficialistas criticaron a quienes celebraron captura de Maduro, acusándolos de beneficiarse de programas estatales mientras atacan al chavismo.
Tras los hechos, régimen nicaragüense reforzó control territorial y vigilancia, activando patrullajes conjuntos de Policía y Ejército en barrios, instituciones estatales y zonas estratégicas.
La presencia militar se intensificó en Managua y otras ciudades, con efectivos uniformados y civiles, además de operativos conjuntos con la Policía Nacional.
Reportes locales indican que régimen mantiene activa red de espionaje político en comunidades, instituciones públicas y militancia sandinista, vigilando comentarios, movimientos y conductas críticas.
Estas acciones ocurren días antes de que régimen Ortega-Murillo cumpla 19 años consecutivos en el poder, con marchas anunciadas por Rosario Murillo.