Ciudadanos formalizan denuncia penal por los daños de las protestas
Líderes ciudadanos de Santa Cruz confirmaron que la Fiscalía admitió una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales, el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el líder campesino paceño Vicente Salazar, a quienes acusan de promover los bloqueos que paralizaron Bolivia durante mayo y junio.
La acción legal surge tras las protestas que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, movilizaciones que derivaron en desabastecimiento, pérdidas económicas millonarias y al menos 16 fallecidos, según reportes oficiales.
Los delitos imputados y el alcance de la investigación
El abogado del Comité Cívico de Santa Cruz, Diego Coimbra, explicó que la denuncia incluye acusaciones por alzamiento armado, terrorismo y asociación delictuosa, además de otros posibles delitos que podrían sumarse conforme avance la investigación.
Coimbra y el vicepresidente del Comité, Agustín Zambrana, se presentaron en La Paz para confirmar la admisión de la denuncia y señalar que los tres dirigentes lideraron un “movimiento de destrucción” con el objetivo de una presunta “toma del poder”.
Impacto nacional: bloqueos, pérdidas y tensión política
Los bloqueos comenzaron el 6 de mayo y se extendieron por 53 días, afectando principalmente la zona andina y luego otras regiones del país. Las protestas generaron escasez de alimentos, combustible y oxígeno medicinal, además de pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares.
El conflicto también dejó más de una decena de fallecidos, muchos de ellos por falta de atención médica debido a la imposibilidad de trasladar pacientes durante los bloqueos.
La respuesta de Evo Morales
En declaraciones a los medios, Morales afirmó que el Comité Cívico “no tiene autoridad moral” para denunciarlo, recordando que esa organización también recurrió a huelgas y bloqueos en el pasado sin enfrentar acciones penales.
El exmandatario sostiene que las acusaciones buscan criminalizar la protesta social y desviar la atención de la crisis política que atraviesa el país.
El Gobierno y el estado de excepción
Tras semanas de tensión, el presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción el 20 de junio, autorizando a policías y militares a levantar los bloqueos. Las primeras intervenciones se realizaron sin incidentes mayores, aunque los sectores movilizados denunciaron un intento de criminalización y persecución política.
Con la admisión de la denuncia, la Fiscalía iniciará la etapa investigativa, que incluye citaciones, revisión de pruebas y posibles ampliaciones de la acusación. El Comité Cívico exige que la investigación alcance también a parlamentarios y funcionarios que, según ellos, “azuzaron” las protestas o no actuaron para resolver la crisis.
El proceso abre un nuevo capítulo en la disputa política boliviana, mientras el país intenta recuperar la normalidad tras casi dos meses de paralización.