Macron y Merz buscan un nuevo marco económico con Pekín
Los gobiernos de Francia y Alemania quieren redefinir su relación económica con China mediante transferencias tecnológicas directas hacia Europa y una revisión profunda de la relación monetaria, marcada por un déficit comercial que consideran insostenible.
Europa reclama tecnología “fabricada en casa”
Macron pide que la innovación llegue a Europa, no solo los productos
El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que Europa debe dejar de limitarse a importar productos chinos y, en cambio, recibir transferencias de tecnología que permitan crear empleos y fortalecer la industria local. Según Macron, el déficit comercial europeo con China alcanza 1.000 millones de euros diarios, una cifra que calificó de “desequilibrio estructural” que debe corregirse mediante diálogo directo con Pekín.
Alemania advierte que la moneda china está “drásticamente infravalorada”
Merz señala que ningún país de la UE tiene superávit con China
El canciller alemán, Friedrich Merz, coincidió en la necesidad de renegociar las condiciones económicas con China. Recordó que ningún país de la Unión Europea mantiene un balance comercial positivo con el gigante asiático y que el déficit anual del bloque supera los 300.000 millones de euros. Merz aseguró que la moneda china está “drásticamente infravalorada” y que las capacidades industriales subvencionadas de China —especialmente en el sector automotriz— distorsionan el mercado europeo.
Un llamado a evitar un conflicto comercial
Berlín y París apuestan por el diálogo
Pese a las críticas, Merz subrayó que Europa no busca un nuevo conflicto comercial con China, sino un diálogo abierto que permita equilibrar la relación y proteger la competitividad industrial europea. Macron y Merz coincidieron en que corregir la relación monetaria y promover la transferencia tecnológica son pasos esenciales para garantizar una cooperación más justa y sostenible.
La UE endurece su postura frente a riesgos tecnológicos
La presión franco‑alemana llega en un momento en que la Comisión Europea evalúa medidas para limitar el acceso de empresas extranjeras a la contratación pública cuando existan riesgos de injerencia o dependencia tecnológica, especialmente en sectores estratégicos.