Inspección sorpresa descubrió el desorden que imperaba en Senasa

*Por Edith Febles

Santo Domingo.-El Seguro Nacional de Salud (Senasa) estaba sumido en el desorden. En un caos operativo y organizacional que afectó la estabilidad de la institución y su capacidad de responder a sus compromisos financieros, pero que, al mismo tiempo, prodigó beneficios económicos millonarios a terceros que ahora están siendo investigados por el Ministerio Público.

Un informe de mayo de 2025, elaborado por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) constató en el Senasa: debilidades estructurales, fallas en la gestión de las autorizaciones médicas, carencia de protocolos esenciales en procesos de autorizaciones médicas o de contrataciones, procesos de compras informales, licitaciones cuestionadas, un sistema informático fragmentado, procesos de pagos calculados de forma manual y un trato preferencial a centros privados que, a través de distintas modalidades, accedieron a recursos millonarios de los que muchas veces no rindieron cuentas.

El documento, obtenido bajo el amparo de la Ley 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública, da cuenta de un proceso de inspección, vigilancia y control sobre la ARS Senasa, “motivado por las inconsistencias detectadas en los reportes financieros administrativos remitidos por la institución”.

Desde hacía meses las noticias sobre las operaciones en el Senasa alertaban. Los llamados de atención e incluso los procedimientos de sanción del órgano regulador no obtuvieron resultados. Por aquellos días, nos reveló una fuente, “Senasa obstaculizaba el acceso a los datos requeridos por autoridades de diferentes ámbitos”.

Tras muchas e infructíferas reuniones y solicitudes de datos, un equipo técnico, incluidos algunos miembros del Consejo de la Seguridad Social, llegaron al Senasa y se instaló en las oficinas claves. “Creíamos que estaban dedicados al despacho de las actividades diarias”, dijo un empleado del Senasa bajo reservas de su identidad.

En realidad, y así lo establece el informe, “se realizó una auditoría integral de carácter transversal, que abarcó procesos vinculados a la tecnología de la información, análisis actuarial, aspectos legales, administración financiera y gestión de salud”.

El equipo tuvo acceso a documentación requerida en directo a los responsables de departamentos: “Ellos pedían todo tipo de cosas de nuestros archivos”, comentó uno de los trabajadores.

La inspección incluyó la revisión de documentos, entrevistas al personal, observación de procesos en tiempo real donde los auditores controlaron el sistema informático, lo cual les permitió visibilizar todas las operaciones realizadas. El procedimiento fue crucial. Fue allí donde el órgano supervisor pudo documentar una operación de borrado de datos cuya acción sería parte de una investigación penal por manipulación de datos, según fuentes vinculadas al proceso.

El Senasa opera con tres plataformas informáticas no integradas entre sí, dice el informe. Esta situación “genera fragmentación de los procesos, dificulta la trazabilidad y aumenta los riesgos de errores”.
En contraste, hemos podido documentar la paralización sin motivación clara de un proyecto que tenía años en evolución para dotar a la institución de una solución informática integral.

El informe de la Sisalril establece además que en el Senasa se desarrollaban “procesos de autorización médica fragmentadas y manuales, con fallas en controles automáticos (…) deficiencias de trazabilidad, incluyendo autorizaciones duplicadas y montos autorizados sin límites definidos”.

A juicio de los auditores, el Senasa requería un cambio que implicaba “nuevos protocolos, integración de las plataformas tecnológicas, segregación de las funciones operativas, reglas clínico-administrativas claras e implementación de un sistema de monitoreo”.

En ello, advertían, el Senasa se jugaba la vida: “Es fundamental para fortalecer la transparencia, eficiencia operativa, sostenibilidad institucional y calidad de los servicios”.

Sólo así podrían “garantizar la protección de los derechos de los afiliados, el uso adecuado de los recursos y el cumplimiento de los estándares normativos del sistema dominicano de la seguridad social”.
La investigación culminó el 14 de agosto del presente año.

Tres días después, el domingo 17 de agosto, el presidente de la República, Luis Abinader, destituyó al doctor Santiago Hazim como director. Así terminó la gestión Hazim un día después de cumplir cinco años en el cargo.

Para entonces las anomalías en el Senasa corrían de boca en boca. Varias semanas después, el 13 de septiembre, el presidente dispuso que el director del Sisalril, Miguel Ceara Hatton, y el del Senasa, Edward Guzmán, entregaran a la Procuraduría de la República “un informe que trata graves irregularidades detectadas en Senasa”.

El comunicado fue claro: en el Senasa había indicios de corrupción.
Desde entonces el país espera los resultados de unas indagatorias que, según el Ministerio Público, ya tenía en agenda desde hace un año.

Sin prioridades

— Rastro del dinero
Unas indagatorias que alcanzan el rastro de miles de millones de pesos gastados en programas que no respondían a las prioridades que debió tener la institución conforme a su mandato legal.

Otros hallazgos

—1— Licitaciones
Carencia de protocolos en licitaciones de materiales, insumos y medicamentos de alto costo.
—1— Informalidad
Uso de canales informales como WhatsApp para la gestión de casos clínicos y administrativos.
—1— Retrasos
Retrasos y falta de documentación en la evaluación de pertinencia médica.
—1— Privilegiados
Concentración significativa de pagos a un reducido número de proveedores sin protocolos que aseguren la calidad.

Fuente: El Dia Digital