Carlos Balcácer, abogado del exprocurador Jean Alain Rodríguez, aseguró que el rechazo de la extinción penal favorece procesalmente a su defendido.
Por lo tanto, la defensa sostiene que el exfuncionario acumula seis años de vencimiento que activan la retroactividad positiva a favor de los imputados.
Sin duda, las juezas del Segundo Tribunal Colegiado desestimaron el recurso y ordenaron formalmente al Ministerio Público la lectura del expediente acusatorio.
En consecuencia, el jurista argumentó que los aplazamientos técnicos de la fiscalía y la recusación del juzgado anterior provocaron dilaciones indebidas.
Argumentos de la defensa y cronología procesal
| Aspecto Legal | Postura de la Defensa | Situación en el Caso Medusa |
| Inicio del Plazo | Se computa desde la solicitud o imposición de coerción | Supera los límites normativos previstos para casos complejos |
| Límite de Tiempo | Cuatro años en norma ordinaria y cinco en la ley sobre complejos | Jean Alain acumula más de cinco años procesados en tribunales |
| Dilaciones de Fiscalía | Prórrogas vencidas y fallas en discos duros presentados | Causaron aplazamientos sucesivos acumulando dos años y medio |
| Recusación Judicial | Inhibición de tres jueces del Cuarto Colegiado por parcialidad | Remisión de la causa al Segundo Colegiado tomó cinco meses |
- Por consiguiente, la representación legal insiste en que el órgano persecutor sobrepasó los plazos máximos establecidos por la normativa penal vigente.
- Asimismo, la nulidad del recurso permite a los tribunales continuar con la apertura del juicio de fondo sin eximir de responsabilidad a los procesados.
- Es decir, la extinción solicitada procuraba el cierre definitivo del proceso judicial sin necesidad de llegar a la emisión de un fallo condenatorio.
- Además, los abogados sostienen que la Corte de Apelaciones respaldó la recusación anterior tras verificar fallas procedimentales en la audiencia.
Plazos legales e impacto procesal
Obviamente, velar por el cumplimiento de los plazos procesales resulta totalmente indispensable para garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica del imputado.
Por lo tanto, las magistradas del tribunal darán continuidad al calendario de audiencias fijado para el conocimiento formal de los cargos de corrupción.