Coerción contra 16 imputados por lavado de activos y narcotráfico transnacional en República Dominicana

SANTO DOMINGO, RD. — El sistema judicial dominicano se prepara para conocer en las próximas horas la medida de coerción contra 16 imputados. Entre ellos se encuentra el exregidor de Boca Chica Francisco Alberto Paulino Castro, acusado de formar parte de una supuesta estructura de lavado de activos. Esta tiene vínculos directos al narcotráfico transnacional.

La acusación, sustentada por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), forma parte de una investigación más amplia. Esta busca desarticular varias redes criminales que utilizan el territorio dominicano como punto estratégico. Dichas redes realizan operaciones de tráfico de sustancias ilícitas y posterior blanqueo de capitales.

Una operación de gran escala

El caso es resultado de un operativo simultáneo ejecutado esta semana por más de 350 agentes. Estos realizaron allanamientos en Santo Domingo, Boca Chica y otras localidades. Según fuentes oficiales, las autoridades incautaron documentación, dispositivos electrónicos, vehículos y otros bienes. Presuntamente formaban parte del engranaje financiero de la banda.

En uno de los decomisos más relevantes se habrían ocupado 200 paquetes de cocaína. Esta evidencia, según los fiscales, fortalece la conexión de la estructura con redes internacionales de narcotráfico.

La supuesta red y su vínculo con infraestructuras estratégicas

Las autoridades también investigan la posible participación de empleados y colaboradores con acceso al Puerto Multimodal Caucedo. Su rol sería facilitar el movimiento de cargamentos ilícitos. Esto sería a través de contenedores y rutas de exportación sin levantar sospechas.

Especialistas en seguridad consultados señalan que este modus operandi coincide con patrones identificados en redes operativas en otros países del Caribe. Esto sugiere un funcionamiento sofisticado con ramificaciones locales y extranjeras.

El rol del exregidor

Francisco Alberto Paulino Castro, figura central del expediente, no es un desconocido para los organismos de seguridad. Registros periodísticos indican que ha enfrentado varias detenciones previas, entre ellas por posesión de drogas, armas y vehículos presuntamente contrabandeados.

Pese a este historial, Paulino Castro fue electo en el 2020 como regidor de Boca Chica, llegando incluso a presidir el Concejo Municipal. Su ascenso político, seguido de estas nuevas acusaciones, ha desatado cuestionamientos sobre los mecanismos de depuración dentro de las instituciones públicas.

El Ministerio Público habla de un caso “estructural”

El procurador adjunto Wilson Camacho, director de Persecución, afirmó que el expediente muestra una estructura con roles claramente definidos. Hay financistas, coordinadores logísticos, enlaces portuarios y operadores de campo.
“Este no es un caso aislado; es parte de un esquema que busca usar al país como plataforma criminal”, declaró.

El Ministerio Público solicitará prisión preventiva para los principales imputados. También solicitará medidas restrictivas para otros, alegando riesgo de fuga y la posibilidad de obstrucción del proceso.

Lo que sigue

El juez de Atención Permanente deberá decidir si la evidencia presentada hasta el momento justifica imponer coerción severa mientras avanza la investigación.
De confirmarse las imputaciones, el caso podría convertirse en uno de los más relevantes del año en materia de crimen organizado y corrupción vinculada a estructuras políticas locales.