Feminicidios en República Dominicana: Urge ley y políticas contra la violencia

El ex fiscal del Distrito Nacional, doctor José Manuel Hernández Peguero, calificó como una “triste realidad del diario vivir” la violencia contra las mujeres en República Dominicana. Esta situación mantiene al país sumido en un drama social por los feminicidios. Esto deja cientos de huérfanos y numerosas víctimas de violencia psicológica con secuelas de por vida.


Planteó que fiscales, jueces y policías deben garantizar la eficacia de las órdenes de protección. Asegurar que los agresores sean separados de la cotidianidad de sus víctimas es esencial.

Su planteamiento se produjo al comentar la investigación publicada por Aplatanao News, medio dirigido por el periodista Fernando Quiroz. En el documento se revela que en las últimas dos décadas el país ha registrado 1,802 feminicidios. Esto equivale a un promedio de ocho al mes. El estudio identifica además que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres víctimas. Asimismo, hay días particularmente letales, como sábado y domingo. Los feminicidios han dejado tras de sí un saldo de huérfanos de la violencia.

Sobre el impacto

El reportaje también advierte sobre el impacto de la violencia vicaria. Ocurre cuando los agresores dañan a los hijos para hacer sufrir a la madre. Asimismo, se señala la falta de estadísticas unificadas entre instituciones como la Policía Nacional, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), la Procuraduría–INACIF y el Ministerio de la Mujer. Esto impide dimensionar el problema con rigor.

Ante este panorama, Hernández Peguero insistió en que se deben identificar y establecer políticas públicas. Estas deben garantizar la vida y el respeto de las mujeres. Subrayó que la reforma conductual del agresor es determinante para cambiar las estadísticas. Recordó la experiencia positiva del Centro de Intervención Conductual instalado en 2008. Este centro, a su juicio, debe ser replicado en las provincias con mayores índices de violencia.

El abogado destacó que todo debe iniciar con la aprobación del proyecto de ley. En distintas gestiones, todos los presidentes de la República han sometido este proyecto al Congreso. Tiene el fin de regular la prevención, atención, persecución y sanción de los infractores. También asigna tareas específicas a instituciones del Estado y a la sociedad civil.