La Fundación Institucionalidad y Justicia solicita formalmente la ampliación del plazo de entrada en vigencia del nuevo Código Penal dominicano
La Fundación Institucionalidad y Justicia solicitó al Poder Ejecutivo someter ante el Congreso Nacional un proyecto de ley para ampliar la vacatio legis hoy.
La entidad jurídica busca disponer de más tiempo para revisar y corregir minuciosamente diversos aspectos técnicos que podrían dificultar su aplicación en el país.
Los directivos consideran fundamental otorgar un margen razonable para que la normativa penal comience a aplicarse en plena armonía con el ordenamiento constitucional actual.
Juristas y académicos expresan honda preocupación por la existencia de ambigüedades e incoherencias técnicas dentro del texto legal aprobado
La entidad explicó que la entrada en vigor de la nueva ley ha generado honda preocupación entre juristas académicos e importantes instituciones del país.
Los expertos afirman que el texto actual presenta marcadas ambigüedades duplicidades e incoherencias que podrían afectar directamente el funcionamiento del sistema de justicia penal.
En ese sentido propuso modificar formalmente el artículo trescientos noventa y tres de la ley para extender el plazo de la entrada en vigencia.
Un período adicional permitiría la realización de consultas y consensos entre los diferentes actores del sector judicial y la sociedad civil
FINJUS sostuvo con firmeza que ese período adicional brindaría a los actores del sistema judicial la oportunidad de identificar los problemas de la legislación.
Las consultas técnicas permitirían la participación activa de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y de los demás sectores sociales involucrados en el tema.
La propuesta busca fortalecer la seguridad jurídica de la nación dominicana facilitando una implementación mucho más efectiva de las nuevas normas sustantivas de hoy.
Servio Tulio Castaños Guzmán valora la apertura de las autoridades para lograr que la reforma fortalezca eficazmente el orden democrático nacional
El vicepresidente ejecutivo de la institución Servio Tulio Castaños Guzmán valoró la disposición del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional de la República.
El jurista destacó la apertura oficial para crear las condiciones necesarias orientadas a que el nuevo Código Penal entre en vigor con absolutas garantías.
La reforma penal debe convertirse en una herramienta jurídica que fortalezca el orden democrático la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica de la población.