FINJUS exige control ante emergencia nacional por motocicletas
La muerte de un chofer en Santiago reactivó el debate nacional sobre el desorden vial y la falta de control de las motocicletas actualmente.
Servio Tulio Castaños Guzmán sostuvo que el país necesita una respuesta firme y sostenida frente al deterioro del orden público asociado al tránsito dominicano.
La posición de FINJUS plantea que el fenómeno exige ser abordado como un problema estructural de seguridad ciudadana que desafía la autoridad del Estado.
Castaños Guzmán vinculó la falta de fiscalización y la permisividad institucional con el fortalecimiento de prácticas violentas que generan mucha impunidad en las calles.
Las motocicletas representan el cincuenta y siete por ciento del parque vehicular nacional, concentrando la mayor cantidad de muertes por siniestros de tránsito recientes.
Autoridades indicaron que más del sesenta por ciento de los fallecimientos en las vías públicas corresponde a usuarios de motores en la República Dominicana.
La organización advierte que grupos de motoristas operan bajo una lógica de fuerza colectiva e intimidación que desborda el marco de la simple informalidad.
El caso ocurrido en Santiago no solo expone un acto de barbarie, sino también la peligrosa sensación de impunidad con la que actúan grupos.
Resulta alarmante la frecuencia con que conductores infringen las normas de tránsito generando un clima de incertidumbre y una creciente demanda de control efectivo.
No se puede permitir que la violencia colectiva sustituya el imperio de la ley ni que el transporte motorizado funcione como un espacio excepcional.
El gobierno debe asumir esta situación como un problema de seguridad nacional y declarar una intervención especial articulando a todos los órganos competentes locales.
Es necesario implementar operativos permanentes de fiscalización y el retiro inmediato de unidades irregulares para restablecer el orden público en todo el país.
No se trata de criminalizar a conductores honestos, sino de enfrentar con voluntad a quienes han convertido ese sector en plataforma de desorden total.
La autoridad no puede seguir retrocediendo frente a la violencia organizada porque la seguridad y la confianza institucional se ven seriamente vulneradas hoy día.