Jochy Gómez asegura que el Estado dominicano le adeuda más de ochocientos millones de pesos durante la audiencia por el caso de los semáforos
Santo Domingo.- El imputado José Gómez Canaán aseguró este viernes que el Estado dominicano le adeuda más de ochocientos millones de pesos durante la audiencia del caso Intrant.
Gómez Canaán rechazó las acusaciones de estafa al sostener que la empresa Transcore ejecutó inversiones superiores a los mil cien millones en la red semafórica.
El empresario explicó que recibió un anticipo de doscientos sesenta y tres millones pero financió el resto del proyecto mediante diversas líneas de crédito bancario.
El Estado tiene los equipos y los utiliza desde dos mil veintitrés pero todavía me deben mucho dinero expresó el imputado durante su defensa material.
Sobre las transferencias internacionales indicó que correspondieron a pagos a suplidores en países como Estados Unidos Canadá China y varias naciones del continente europeo actualmente.
Aseguró que los equipos tecnológicos fueron importados legalmente al país y utilizados en la instalación de trescientas cinco intersecciones semaforizadas en el Gran Santo Domingo.
En cuanto al sabotaje alegó que el propio Intrant intervino el sistema sin conocimiento técnico necesario provocando así las fallas en el funcionamiento del servicio.
Asimismo rechazó los señalamientos de lavado de activos indicando que la empresa Dekolor operaba a través de mecanismos fiduciarios sin recibir fondos estatales de manera directa.
Afirmó que dicha empresa continuó prestando servicios de emisión de licencias pese a una deuda acumulada superior a los setecientos millones de pesos con ellos.
Durante su exposición el imputado también abordó aspectos personales señalando el impacto negativo del proceso judicial en su vida familiar tras catorce meses de coerción.
Las declaraciones se produjeron en el marco de la audiencia donde el tribunal conoce el expediente acusatorio presentado por los fiscales del Ministerio Público hoy.
El órgano persecutor sostiene cargos que incluyen estafa contra el Estado lavado de activos y diversos delitos tecnológicos en perjuicio de la sociedad dominicana en general.