El Ministerio de Medio Ambiente ha ordenado nuevamente la militarización y el desalojo de los invasores que ocupan ilegalmente las famosas dunas de Baní.
La decisión es importante para proteger el parque natural pero la medida debe acompañarse de una investigación profunda para establecer responsabilidades sobre las construcciones.
Con las distintas intervenciones anunciadas tal parece que no se han cumplido los objetivos o existe algún tipo de complicidad con las ocupaciones actuales.
Las construcciones se levantan no solo en las narices de las autoridades competentes sino a la vista de todos los ciudadanos que transitan allí.
Residentes en casuchas levantadas en el parque natural han diezmado la población de iguanas rinocerontes que es una especie nativa protegida por las leyes.
El Listín Diario ha reportado que se han cercado solares con verjas de cemento y portones metálicos dentro de los límites del santuario ecológico.
Es difícil aceptar que violaciones atentatorias contra la ecología nacional puedan cometerse impunemente sin algún tipo de complicidad por parte de funcionarios de turno.
Se impone ahora una exhaustiva investigación para aclarar las extrañas ocupaciones y depredaciones que amenazan seriamente el ecosistema de las dunas de la ciudad Baní.